Menos diabetes, menos infartos y, en definitiva, menos muertes. Hasta 18.900 vidas podría salvar México durante una década gracias a los efectos disuasorios del impuesto sobre bebidas azucaradas que lleva funcionando desde hace tres años. Un estudio de la Universidad de California concluye además que si el país con más diabetes de Latinoamérica logra una reducción prologada y constante del consumo de refrescos se ahorraría hasta 983 millones de dólares en gastos médicos.

El trabajo, publicado esta semana en la revista científica Plos Medicine, se basa en una simulación al cruzar información demográfica y epidemiológica de adultos entre los 45 y 94 años con datos de consumo de refresco. Los resultados indican que dando por buena una reducción del 10% en bebidas azucaradas, los casos de diabetes bajarían en 189.300 y en 20.400 los infartos y enfermedades cardiovasculares derivadas en el intervalo de 10 años.

México vive una epidemia de obesidad y diabetes. A siete de cada 10 adultos y uno por cada tres menores le sobran kilos. Es el segundo país con más sobrepeso del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Los mexicanos son los que más refrescos consumen —163 litros al año— y los que más mueren por diabetes en toda Latinoamérica según la OMS. La diabetes es la segunda causa de muerte en México —por delante del cáncer— hasta convertirse en una verdadera una emergencia sanitaria en el país.

El Gobierno lanzó en 2013 un plan de choque en diferentes frentes: el educativo, la publicidad, y hasta el fiscal. Casi tres años después de la implantación del gravamen especial sobre las bebidas azucaradas, los resultados son aún inciertos. Algunos analistas estiman que estos productos están profundamente incrustados en los hábitos de los mexicanos, sobre todo de las capas más pobres, y que pese a un aumento de su precio, su consumo no baja.

Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estableció que las ventas de las bebidas azucaradas cayeron en promedio un 6% durante 2014. La industria del sector, que se ha opuesto con ferocidad al gravamen aduciendo su poca utilidad en la esfera de la salud pública, presentó a su vez sus propios resultados. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) anunció que la caída de las ventas anuales de 2014 no llegó ni al 2%, mientras que el año pasado no hubo apenas variación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha defendido recientemente los beneficios de un impuesto que aumente un 20% el precio de las bebidas azucaradas, señalándolas como una de las principales causas de la obesidad y diabetes que afecta a cientos de millones de personas en el mundo. En México, el camino ha sido sin embargo a la inversa. Tras una primera tasa del 10%, la presión de la industria logró el año pasado reducir la carga fiscal a la mitad.

La Universidad de California es concluyente: “La alta prevalencia de diabetes en México representa una crisis de salud pública. Mientras que el impacto en el largo plazo del impuesto en México aún se desconoce, sí está comprobado que una reducción del consumo rebajaría sustancialmente los índices de mortalidad por diabetes así como reduciría los costes sanitarios asociados”.

El coste económico de la crecida diabética has sido reconocido por los propios dirigentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha llegado a hablar de una cocacolización de los hábitos de consumo en México y ha advertido que para 2017, el sistema público necesitará para tratar la diabetes 5.600 millones de dólares al año, una cuarta parte el presupuesto total del IMSS.