Hace una semana en el marco de la 136º Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), México en alianza con India logró que los 171 países que integran a la organización alcanzaran un acuerdo unánime en materia de inclusión financiera de las mujeres.

Tras dos años de intenso trabajo, desde que promoví el tema en la UIP, fue posible adoptar una resolución mediante la cual, como parlamentarios, nos comprometemos a emprender en nuestros países las acciones necesarias que eliminen las barreras legales y culturales que en pleno siglo XXI continúan limitando el empoderamiento económico y social de las mujeres, y por ende, su plena participación en la toma de decisiones en la vida familiar y en el ámbito público.

Un paso importante hacia ello es garantizar a las mujeres todo un esquema de derechos que les brinde, por un lado, mayores oportunidades de acceso a la posesión de propiedades, a cuentas bancarias, a créditos formales, a subsidios financieros, y a capacitación y uso de tecnologías. Por el otro, es preciso asegurar su inclusión y permanencia en el sector de la economía formal. En todo ello, debe tomarse en cuenta las necesidades de las mujeres en el ámbito rural cuya participación es crucial para romper los ciclos de pobreza de sus comunidades.

A nivel mundial, la instrumentación de dicha resolución podría hacer que un mayor número de mujeres adquieran por sí mismas títulos de propiedad, considerando que actualmente sólo 1% tiene oportunidad de hacerlo. Abriría también la puerta para que 42% de la población femenina sin una cuenta bancaria o el 90.4% que aún no consigue acceder a un crédito formal, pueda lograrlo. 

Recordemos que si las mujeres participaran en la economía global al igual que los hombres, para 2025, contribuirían con 26% del PIB mundial. Además, sería posible incrementar la producción agrícola global en hasta 4% y reducir el hambre en el mundo en hasta 150 millones de personas, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En México, si bien la agenda de inclusión financiera ha sido abordada tanto por el gobierno como en el ámbito legislativo, aún prevalecen dos retos: lograr, por un lado, materializar un sistema financiero incluyente y sostenible que favorezca especialmente a las personas en situación de pobreza, y por el otro, tomar en cuenta las condiciones de las mujeres en el país y garantizar la protección de sus derechos. Una de cada cuatro de éstas son jefas de familia, pero la falta de condiciones que les permitan integrarse o continuar en el sector formal, como el acceso a guarderías y a escuelas de tiempo completo para sus hijos, les priva del derecho a recibir prestaciones económicas y de seguridad social, y es también una traba para acceder a productos financieros de calidad, esenciales para promover su emprendimiento.

Estoy convencida de los beneficios que el empoderamiento femenino genera no sólo en el plano individual sino en el desarrollo de cada una de nuestras sociedades, y de que aquellas mujeres que cuentan con mayores oportunidades económicas tienen mayor libertad y autonomía para tomar decisiones. En México no existen restricciones legales para ello, no obstante, es urgente diseñar políticas públicas eficientes que logren el pleno acceso de las mujeres en el sector económico nacional.

Se trata de entender que, tanto a nivel global como nacional, sólo será posible garantizar una verdadera igualdad de género cuando logremos también equiparar las oportunidades económicas de las mujeres. Es tiempo de poner manos a la obra para instrumentar el contenido de la resolución y recordar que la inclusión financiera de las mujeres no sólo es necesaria y justa, sino es principalmente un tema de derechos.

Gabriela Cuevas
Senadora por el PAN