No es una sorpresa que la agenda electoral esté marcada, al menos en parte, por una auténtica “guerra de acusaciones” entre quienes protagonizan la batalla por los votos. En nuestro país, además, en la dinámica de las descalificaciones suele incluirse a las autoridades electorales.

Regularmente, como lo demuestra la experiencia, cuando los partidos políticos involucran a los responsables de organizar los comicios, lo hacen a partir de señalamientos genéricos y de exigencias que suelen encontrarse fuera del ámbito de actuación de dicha autoridad.

Y, regularmente también, los señalamientos que se lanzan en esa dirección no suelen tener mayores repercusiones porque, cuando se les analiza con un poco de mayor detenimiento, queda claro que carecen de sustancia y no demuestran la existencia de una actuación parcial o sesgada.

El proceso electoral en marcha en nuestra entidad no ha sido la excepción, y desde hace ya varias semanas la autoridad electoral es blanco se señalamientos que, realizados en la propia mesa de su Consejo General, cuestionan la honorabilidad de algunos de sus integrantes.

En las últimas horas, además, han circulado informaciones de acuerdo con las cuales, un pirata cibernético habría “hackeado” el teléfono del exdirigente estatal del PRI, David Aguillón Rosales, extrayendo de dicho aparato las conversaciones sostenidas con al menos dos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Es necesario considerar en primer lugar, por supuesto, el origen ilícito de tales informaciones –en caso de que fueran ciertas– y llamar la atención nuevamente en torno a la presunta existencia de auténticas “redes de espionaje” dedicadas a generar intromisiones indebidas en nuestra vida privada.

Sin embargo, más allá de la ilicitud con la cual habrían sido obtenidas las conversaciones, si éstas son auténticas estarían revelando el sometimiento del órgano responsable de garantizar la imparcialidad en las elecciones frente a una fuerza política y ello constituiría un gravísimo daño a la democracia coahuilense.

La presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela de León Farías, ha salido a negar la veracidad de las conversaciones señalando, por un lado, que el consejero Alejandro González Estrada –a quien se ubica como autor de las mismas– no utiliza el sistema de mensajería del cual habrían sido extraídas y, en segundo lugar, que contienen inconsistencias que pueden apreciarse al contrastarlas con la evidencia documental de los hechos reales.

Se trata de una respuesta insuficiente y en el IEC deben tenerlo claro. Sobre todo, porque este tipo de versiones cobran verosimilitud en la medida en que plantean hipótesis que concuerdan con los rumores que circulan en los corrillos políticos y que señalan con insistencia vínculos entre los presuntos autores de las conversaciones “hackeadas”.

Es cierto: de entrada debe confiarse en los integrantes del Consejo General del IEC y debe probarse que incurrieron en alguna conducta ilícita. Pero ellos deben aportar algo más que un pobre deslinde para afianzar su credibilidad.