En junio de 2016, Humberto Moreira demandó al académico Sergio Aguayo, argumentando que una de sus columnas había dañado su honor, por lo que le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.

“El viernes 29 de marzo de 2019 el juez falló a mi favor. Concluyó que el profesor Moreira “no acreditó su acción” y dio por válidos mis argumentos”, indicó Aguayo en un comunicado, en el que refirió que “este litigio ilustra la creciente utilización de las demandas por “daño moral” para acosar a periodistas“.

La demanda se remonta al 20 de enero de 2016, cuando Aguayo publicó una columna en Reforma y otros diarios. En ese momento Moreira estaba encarcelado en España y entre otras cosas el académico comentó que “es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

En junio de 2016, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI demandó a Aguayo por dichas frases. Según él, Aguayo lo hizo para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias” lo que atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”. Tasó en por lo menos 10 millones de pesos la reparación con la cual mitigaría el “daño moral”. Es decir, los 10 millones eran un punto de partida.

Aguayo sostuvo que sus afirmaciones tenían información sólida pues contaba, por ejemplo, con copia del documento empleado por la Audiencia Nacional de España para detener a Moreira, como  presunto responsable de los “delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho”. Después de publicada mi columna la Audiencia Nacional de España lo exoneró y él regresó inmediatamente a México.

“Su demanda era ilógica porque hubo textos mucho más críticos y porque dejó pasar seis meses para presentarse ante el juzgado. La hipótesis que formulé –y que sigo creyendo—es que buscaba intimidarme y desgastarme porque en marzo de 2016 empecé a coordinar desde mi institución, El Colegio de México, una investigación sobre las atrocidades cometidas por los Zeta en Allende y Piedras Negras, Coahuila. Ello implicaba revisar algunos de los años en que fue gobernador de aquel estado (dejó el cargo en enero de 2011)”, consideró Aguayo.

“Los primeros seis meses de litigio fueron una pesadilla. El juez que llevaba el asunto concedía a los abogados de Moreira todas las peticiones, incluidas las más absurdas. Era obvio que fallaría en mi contra. En febrero de 2017 –y después de quejas formales e informales ante el poder judicial de la capital– pasaron el caso al juez décimosexto de lo civil, Francisco Castillo González, quien se ha comportado profesionalmente”, contó el académico.

“En México, quienes escribimos en medios estamos expuestos a la ira de políticos y gobernantes, de empresarios deshonestos y de integrantes del crimen organizado. En los últimos años ha proliferado la costumbre de interponer demandas por “daño moral”. Son acusaciones graves por los múltiples vicios que tiene la justicia mexicana. Uno de ellos es la facilidad con la cual aceptan demandas por “daño moral” con exigencias monetarias desproporcionadas”, señaló.

“El desamparo se complica porque los organismos públicos de derechos humanos (el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la secretaría de Gobernación, por ejemplo) se desentienden de este tipo de ataques a la libertad de expresión. La situación se hace especialmente difícil para los colegas que trabajan en entidades de la república”, indicó.

“Las demandas por “daño moral” deben incluidas en el listado del arsenal empleado por quienes están empeñados en mantener a México en los primeros lugares de los países más peligrosos para el periodismo independiente”, finalizó.