CIUDAD DE MÉXICO.-El investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo Quezada dijo que la demanda por 10 millones de pesos que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, es para tratar de obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas personas.

En entrevista con SinEmbargo el académico indicó que solicitó ya al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revisar la demanda para que “demuestre que me puede proteger frente a la intimidación de este tipo”.

“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo

Humberto Moreira demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública.

La demanda fue presentada el pasado 28 de junio y aceptada el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Humberto “desprende el hedor corrupto”.

El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del exgobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y la fue archivada por la Audiencia Nacional de ese país.

“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.

Ahora, Humberto Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda.

“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Ésa una situación peculiar; la CEAV es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), PGR (Procuraduría General de la República), Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder  mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, explicó Aguayo Quezada.

La investigación a la que se refiere Aguayo busca hacer un comparativo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila. Se trata de un trabajo de largo plazo para establecer “con mayor precisión cuáles son los resortes de las matanzas y tragedias y cuál es el papel que juega el Estado, la sociedad y los perpetradores”, detalló.

Por la importancia de los casos para Estados Unidos se firmarán convenios con la Universidad de Texas sede Valle del Río Grande y el National Security Archivo de la Universidad George Washington, adelantó.

El investigador indicó que no tiene duda de que se trata de una demanda intimidatoria, no sólo para él, sino para todo el equipo de investigación.

“Busca amedrentar no solo a mí, a los que estamos investigando, no tengo duda”, dijo.

¿POR QUÉ YO?

Humberto Moreira indicó que Aguayo realizó el texto que refiere en la demanda “con el único propósito de ofender, insultar, calumniar y propinar injurias en contra del suscrito, acreditándose así la malicia efectiva con el que se ha venido conduciendo en perjuicio directo e ilegal en contra del suscrito”.

En el requerimiento, el priista sostiene que nunca ha sido condenado por delito alguno y que ha tenido a lo largo de su vida una trayectoria el servicio público. También presumió que cuenta con tres Master cursados en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Camilo José Cela, de España.

Moreira Valdés aseguró ser “un apasionado de la comunicación libre, siempre dentro del marco legal y respetando en todo momento la ética de la profesión, las limitantes a la libertad de expresión en cuanto se contrapongan violando derechos de terceros, dedicándome al trabajo de manera diligente y eficaz, lo que me ha permitido llevar una vida honrada y decorosa, sin que a la fecha haya sido condenado por delito alguno”.

El exgobernado solicitó, además de la indemnización, una disculpa pública por parte de Aguayo y que la sentencia fuera difundida en páginas centrales de los principales periódico del País a las 00:00 horas.

Sergio Aguayo preguntó: “¿Por qué yo?”, y recordó que hay otros periodistas y articulistas que han llamado al exgobernador corrupto y no hubo una demanda.

Agregó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó el límite que tenían las demandas por daño moral y ahora puede pedirse cualquier cantidad de dinero, lo que ha sido utilizado para intimidar a los periodistas independientes en todo el País.

“Mi caso es reflejo de ese problema, en todo el País se están presentando demandas millonarias contra periodistas independientes, que buscan intimidar de dos maneras: una con el fantasma de indemnizaciones millonarias, como mi caso y dos, forzando a los periodistas a contratar despachos de abogados para que los representen con lo cual obligan a incurrir a los periodistas en gastos muy altos. Esto ha ayudado a una creciente intolerancia a la prensa independiente en todo el País. Hay un deterioro a la libertad de expresión”, dijo.