Se acabó el tiempo, y las soluciones no llegaron. 

Por allá de septiembre de 2014, un boletín del Gobierno del Estado llegó a llamarse algo así como “Comienza a rendir frutos la ‘Ley Rubén’ de Pensiones”. No es broma. El texto oficial, de hecho, bautizó hasta con todo y apellido… aquí no se menciona, ni caso tiene. 

Las “razones” detrás de la propaganda estuvieron en los cambios que hiciera una calificadora crediticia a favor de un municipio. Y el boletín dice: para “lograr este avance un factor clave fue, entre otros, la expectativa de la inminente autorización del Congreso” de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. 

Ese septiembre de 2014 está muy lejos.

Habrá o no sido factor para cambiar la calificación de Piedras Negras, pero la “Ley Rubén” generó más dolores que beneficios: partes de su contenido se llevó a tribunales, profesionales de la educación se coordinaron, hubo plantones que medio fueron atendidos, otros temas como las condiciones del servicio médico se pusieron sobre la mesa, se presentaron y ganaron amparos. Un largo etcétera.

Hoy, la huelga en la Narro tiene como antecedente todo ello. La líder sindical de los académicos de la Universidad Agraria ha dicho que no hay avances porque el Gobierno del Estado no asume una postura a favor de los coahuilenses… y agrega “para nosotros la firma del Gobernador no es confiable porque además ya se va” (El Siglo de Torreón, 15 febrero 2017). 

El asunto no es nuevo. Ya 2016 gritaba un problema insoportable. El Gobierno le apostó al desgaste y, por supuesto, resultó: se vive de un salario y del trabajo, eso de los lujos y las Casas Blancas es de otro sector.

Memoria. Los ánimos también se calmaron cuando el asunto se llevó a otras áreas: las del Instituto de Transparencia y los llamados ejercicios de Gobierno Abierto.  

Los plantones magisteriales que el todavía Gobernador atendió cuando quiso y en los horarios más complicados (la sensibilidad igual a la capacidad y las ganas de hacer) por un lado; el compromiso de los transparentosos por llevar a buen puerto eso a lo que se le llama “Gobierno Abierto” por el otro. Coincidieron tiempo y actores.

El segundo compromiso de Gobierno Abierto en Coahuila se llama “Seguimiento de los fondos de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores al Servicio de la Educación  del Estado de Coahuila (Dipetre)”. Entre las metas “la publicación mensual de informes financieros, estadísticas, auditorías, estudios actuariales, estados financieros de la banca” en el portal del órgano garante. 

¿Y luego? Pues, al menos desde acá, nada de eso se ve. La última acta de trabajo publicada (en versión preliminar, por cierto) es de noviembre de 2016. ¿Algo en el sitio donde parezca se publicará la información del Dipetre? Pues no.  

El plazo de cumplimiento acordado va del 4 de agosto de 2016 al 4 de agosto de 2017: no hay a la vista desagregación alguna de los compromisos o su seguimiento. ¿Será que hasta agosto de este año se sabrá si algo se hizo o no?

Mientras que aquello del Gobierno Abierto sumó para quitarle presión al Gobierno, restó cartera de negociación a los ciudadanos. Nota mental.  

El tiempo alcanzó a todos. 

No sólo en la Universidad Agraria. Problemas similares hay en la Procuraduría de Justicia y hasta en alguna facultad de la Universidad Estatal: los alfileres que sujetaban todo comienzan a caerse. 

A estas alturas, ya se dijo, ni la firma del (todavía) Gobernador es confiable.

@victorspena