Cataluña vivió hoy con una baja movilización una jornada de huelga que servía en realidad a motivaciones políticas: pedir la puesta en libertad de los líderes independentistas y miembros del Gobierno regional destituidos tras la intervención del Gobierno de la autonomía catalana.

Unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se concentraron en la plaza Sant Jaume y sus alrededores en el principal acto de la jornada coreando lemas como "libertad", "independencia" o "es Puigdemont nuestro presidente", en alusión al destituido jefe del "Goven" Carles Puigdemont.

El acto con la consigna "libertad presos políticos" fue convocado por las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes respectivos, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, están en prisión preventiva desde mediados de octubre por presuntos delitos vinculados al proceso soberanista en Cataluña.

La concentración, sin embargo, fue sólo un preludio de la movilización que se espera el sábado en Barcelona para protestar por esos arrestos y la imputación de todo el ex "Govern" de Puigdemont, incluidos ocho ex consejeros ya detenidos, por delitos derivados del proceso independentista.

Otro se encuentra en libertad provisional tras el pago de una fianza y otros cuatro acompañan a Puigdemont en Bruselas, donde esperan que la Justicia belga se pronuncie sobre su eventual extradición a España.

La protesta política motivó que las dos entidades civiles y los partidos independentistas se sumaran a la huelga general convocado por el sindicato minoritario Intersindical-CSC, que sin embargo no respaldaron las dos mayores organizaciones sindicales del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Ambas consideraron que el acto tenía motivaciones políticas y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó hoy su "escaso seguimiento". Fomento del trabajo, la principal patronal catalana, calificó el respaldo al paro de "prácticamente nulo”.

Al contrario de lo que ocurrió en la huelga general del 3 de octubre, en protesta por los incidentes durante el referéndum ilegal soberanista del 1 de octubre, la protesta apenas tuvo repercusiones a excepción de en el sector de la Enseñanza, donde se respaldó en un 31.5 por ciento, según el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

La jornada sí estuvo marcada por la acción de piquetes y decenas de cortes de carreteras y calles en toda la comunidad autónoma que se fueron sin embargo reduciendo en el transcurso de la tarde: de las más de 50 carreteras cortadas por la mañana, sólo 16 continuaban bloqueadas al avanzar la jornada, según el servicio catalán de transportes SCT.

Entre las medidas más llamativas destacaron el corte de la céntrica avenida Diagonal de Barcelona y la Ronda de Dalt que circunvala la ciudad, o el bloqueo de las vías del tren de alta velocidad (AVE) en la estación de Sants de Barcelona por unos 500 estudiantes. Por la mañana los manifestantes habían tomado la estación del AVE la ciudad de Girona, ocupando andenes y vías e impidiendo durante horas el funcionamiento del servicio.

Mientras, el Tribunal Constitucional español continuó hoy su línea contra el proceso independentista al declarar nulos los acuerdos por los que el Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de octubre crear una "república soberana", por considerar que las resoluciones aprobadas ese día representan "un grave atentado" contra el Estado de derecho.

La patronal denunció por ello los "actos coerticivos" que dominaron el paro y la falta de seguimiento en los transportes públicos, como el metro, los autobuses. También los puertos y aeropuertos funcionaron con normalidad, así como los sectores de hostelería y restauración, comercio e industria.

La huelga general fue convocada tras la actuación de la Justicia contra los dirigentes catalanes los miembros del "Govern", que las entidades independentistas consideran presos políticos. La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) aclaró hoy que no los considera "presos de conciencia”.

"No usamos el término 'preso político' porque no hay una definición internacional unívoca", señaló a dpa una portavoz de la organización. "Usamos en cambio el concepto de 'presos de conciencia'. Y no consideramos que lo sean ni los 'Jordis' ni los ex miembros del 'Govern' porque su caso no se ciñe a la definición”.

Mientras, el Tribunal Constitucional español continuó hoy su línea contra el proceso independentista al declarar nulos los acuerdos por los que el Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de octubre crear una "república soberana", por considerar que las resoluciones aprobadas ese día representan "un grave atentado" contra el Estado de derecho.

Además, acordó poner en conocimiento de la Fiscalía la actuación de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la de los entonces miembros de dicho órgano que votaron a favor de tramitar las resoluciones.

Precisamente Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara declararán mañana jueves ante el Tribunal Supremo en Madrid como imputados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista, los mismos que se imputa a los ex consejeros procesados.