Los solicitantes de asilo que son obligados por el gobierno de Estados Unidos a aguardar en México enfrentan violencia y condiciones atroces al quedar a la deriva y sin medios para sobrevivir, de acuerdo con un reporte de Human Rights Watch próximo a publicarse.

El grupo defensor de los derechos humanos solicitó que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a la práctica de evitar que los solicitantes de asilo vivan en Estados Unidos en lo que se procesan sus casos.

Hasta la semana pasada, México reportó que 15,079 personas, en su mayoría centroamericanas, fueron enviadas de regreso a México después de llegar a Estados Unidos. La cifra incluye a 4,780 niños y por lo menos 13 mujeres embarazadas, según el reporte que obtenido por The Associated Press antes de su publicación el martes.

Varios de los solicitantes de asilo que fueron entrevistados por el grupo fueron atacados, secuestrados o sufrieron de abuso sexual mientras esperaban en México a recibir una fecha de audiencia en Estados Unidos. Cuando alguien va a su audiencia en Estados Unidos pierde su lugar en el albergue mexicano y no tiene a dónde regresar.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no comentaron hasta el momento sobre el reporte.

Dicha política es una de las pocas medidas fronterizas implementadas por Trump que no ha sido prohibida por las cortes. Funcionarios de Seguridad Nacional aseguran que es necesaria para frenar el inmanejable flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.

Pero existe una creciente indignación entre los grupos humanitarios, abogados e incluso funcionarios de asilo respecto a la medida y lo que representa en materia de seguridad, particularmente ante la rápida expansión en su implementación, la cual fue aprobada por México con el objetivo de evitar una amenaza arancelaria por parte del gobierno de Trump.

Los solicitantes de asilo tienen hasta un año para realizar su petición. Entre octubre y el 31 de marzo se han interpuesto 103,658 casos. Y decenas de miles de personas cruzan la frontera al mes.

El reporte también reveló que agentes de la Patrulla Fronteriza confiscan las pertenencias a los solicitantes de asilo, incluyendo sus documentos. El órgano de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional también indicó que por lo general los agentes vacían las mochilas, bolsos y maletas de los migrantes.

Una solicitante de asilo hondureña, una madre de 23 años de edad, dijo que los agentes se quedaron con todos sus documentos y ahora ni siquiera puede demostrar que su hija es suya. En otro caso, a un padre le quitaron su identificación oficial y no pudo recuperarla, a pesar de que necesitaba volver a El Salvador para estar con su hijo, quien padece una grave enfermedad. Tuvo que viajar a un consulado salvadoreño ubicado a unos 1,120 kilómetros (700 millas) de distancia antes de partir.

Otra mujer hondureña que viajaba con sus hijos, de 6 y 3 años de edad, dijo que ya no se le permite quedarse en un albergue, y desconoce el motivo. Su audiencia está programada para dentro de cinco meses. Dijo que está sopesando la idea de cruzar ilegalmente la frontera pero teme que el gobierno le quite a sus hijos.

El reporte se basa en entrevistas y seguimiento en las cortes realizados por la organización tanto en México como en Estados Unidos durante el mes de mayo.