A partir de este lunes, mediante el sistema Conagu@ Digital, los particulares podrán solicitar concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otros trámites.

La coordinadora Agua para Todos indicó que el proceso no contará con mecanismos para garantizar el derecho humano al agua de los pueblos originarios ni tampoco asegura los volúmenes requeridos por el medio ambiente ni la no afectación a terceros.

En el decreto publicado el primero de octubre en el Diario Oficial, la Conagua señala que el objetivo del trámite por vía electrónica es reducir 78 por ciento el costo económico total a los ciudadanos y eficientar los procesos de atención y resolución de los trámites por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo cual podría representar un ahorro a la economía de más de 16 mil millones de pesos anuales.

Precisa que el costo económico total anual de los trámites presentados en la Conagua y que regula el acuerdo son de alrededor de 20 mil millones de pesos, cada solicitud de trámite ingresada a la Comisión Nacional del Agua le cuesta a la economía del país 376 mil pesos, por la carga administrativa y el costo de oportunidad que asumen los ciudadanos.

Para los trámites la Conagua solicita que los ciudadanos cuenten con la firma electrónica avanzada, la llave digital y la huella digital, entre otros requisitos de los cuales carecen las comunidades, pero que son de uso común de las grandes empresas y mineras.

Se busca otorgar concesiones masivamente a particulares, como paso final para cumplir con las expectativas de las empresas mineras que recibieron concesiones en 98 millones de hectáreas, o sea, la mitad del territorio nacional a finales de la administración anterior, así como con las de las empresas energéticas a las cuales dio entrada la actual administración, señaló Pedro Moctezuma, integrante de la coordinadora.

Resaltó que esta medida carece de base constitucional, ya que desde febrero 2013 debió establecerse la ley general de aguas, para remplazar a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de garantizar el derecho humano al líquido.

Esto se da en el contexto del levantamiento de vedas en 300 cuencas del país, en las cuales se establecieron reservas de agua pero se estima que en promedio 70 por ciento del agua de cada cuenca podría concesionarse y el resto se iría a caudal ecológico, de acuerdo con los decretos publicados en junio, señaló Miguel Ángel Montoya, consultor y asesor parlamentario.