Hojas de tijera
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Hojas de tijera
La realidad económica y política ha pulverizado el marco macroeconómico con base en el cual se elaboró el presupuesto del Gobierno Federal para el ejercicio 2017. Todos los analistas coinciden en señalar que el PIB no alcanzará el crecimiento de dos a tres por ciento contemplado en ese documento; que la inflación, en lugar del tres, previsiblemente rondará el cinco; que el tipo de cambio promedio será superior a los 18.2 pesos imaginados en los Criterios Generales de Política Económica; y las tasas de interés medias de los Cetes a 28 días se ubicarán por encima del previsto 4.9 por ciento. Con márgenes de maniobra muy reducidos, es altamente probable que el Gobierno Federal deba hacer ajustes al presupuesto de gasto para tratar de contener la expansión de la deuda y un mayor deterioro en la ya zarandeada estabilidad macroeconómica nacional.
Por supuesto, éstas son muy malas noticias para una entidad cuyo presupuesto de gasto depende en casi un 85 por ciento de las participaciones y aportaciones federales, con una deuda pública superior a los 37 mil 500 millones de pesos (cuenta pública del 2015) y un historial de sobregiros presupuestales reales equivalentes al 24 por ciento de los montos autorizados por el Congreso de Coahuila en el periodo 2007-2015 (ver gráfica). Aun y cuando el Secretario de
Finanzas nos hizo el favor de avisarnos que la austeridad en Coahuila inició hace cinco años, los datos no parecen obedecerlo, pues tan sólo en los primeros cuatro de la presente administración, los sobregiros (a pesos del 2016) ascendieron a 11 mil 160 millones; es decir, siete por ciento arriba de presupuestos autorizados por el Congreso.
La imagen de las hojas de tijera nos ayuda a entender las presiones que resentirán las finanzas públicas estatales en los meses por venir. Al igual que ese útil instrumento, los presupuestos tienen dos componentes básicos: los ingresos y los gastos. Los primeros serían la hoja superior de las tijeras; en tanto los segundos, la inferior.
Comencemos por revisar los ingresos autorizados por el Congreso de Coahuila en la Ley respectiva. En la sesión celebrada el 20 de diciembre del 2016, el Legislativo aprobó un monto global de 43 mil 697.9 millones de pesos. La tajada del león corresponde, como ya lo indicamos, a las aportaciones (49.3 por ciento) y participaciones (35.1) federales; le siguen los impuestos locales (8.1), las contribuciones de mejoras, productos derechos y aprovechamientos (las cuales en conjunto aportan el 6.3) y los otros ingresos con el 1.2% restante.
Por ser un año electoral, en la propuesta de ingresos del Ejecutivo Estatal se contempló una reducción del 10.6 por ciento en el monto captado por los impuestos estatales, dentro de los cuales sobresale la última etapa de la eliminación del pago de tenencia y una contracción del 6.3 en contribuciones, productos, derechos y aprovechamientos. Este gesto busca granjearse la simpatía del electorado, pero saludando con sombrero ajeno; se presume un beneficio cuyos principales costos políticos o económicos deberá asumir el siguiente inquilino del Palacio Rosa. No obstante lo anterior, el deterioro del entorno económico reseñado arriba, planteará dificultades para lograr esas metas, tanto de ingresos propios como de los provenientes del Gobierno Federal. Así pues, el escenario descrito probablemente implique un desplazamiento de la hoja superior de las tijeras presupuestales hacia abajo.
¿Cómo se aprecia el panorama por el lado de los egresos? La distribución del presupuesto autorizado por el Congreso, cuyo monto está limitado por los ingresos reportados arriba, es la siguiente: el 37.3 por ciento se destinará al pago de servicios personales, el 27.2 a transferencias, el 13.3 serán asignaciones a los gobiernos municipales, 9.3 para inversión pública, 8.1 para el pago del servicio de la deuda y el 4.4 restante al pago de servicios generales, materiales y suministros.
En términos reales, el presupuesto de Coahuila creció un 141.6 por ciento y su estructura sufrió cambios radicales en los últimos 19 años; destacando una caída de 21.6 puntos porcentuales en el pago de servicios personales (en los cuales se gastaban 59 centavos de cada peso en 1998) y de 6.2 en la inversión pública (se gastaban 15.5 centavos de cada peso, contra 9.3 presupuestados para este año). Las rebanadas del gasto que más crecieron fueron las transferencias (la cuales avanzaron 19 puntos porcentuales) y el servicio de la deuda pública (más 5.5). El dinamismo de las transferencias se explica por las carretadas de dinero de los presupuestos que se han destinado al fomento del clientelismo político. Será pues difícil que en un año electoral este monto disminuya. Por su parte, el aumento de las tasas de interés repercutirá en un rápido crecimiento en el costo del servicio de la deuda pública estatal. La presión caerá sobre la inversión en infraestructura. Así pues, los gastos, que conforman la hoja inferior de la tijera, subirán. Como el Estado de Coahuila está en sus límites de endeudamiento, no será factible acudir a este expediente para balancear las cuentas. Y lo anterior suponiendo que no enfrentemos un escenario catastrófico derivado de las “trumpadas” del norte.
La extrema fragilidad de las finanzas estatales impide al Estado atender adecuadamente sus responsabilidades constitucionales. Esta circunstancia y la manera como se dio el endeudamiento de Coahuila abren el escenario para una renegociación radical de la misma, en la cual los bancos asuman el riesgo de haber otorgado financiamientos ilegales.