La historia la conocemos todos: pocos meses después de que Humberto Moreira Valdés abandonara la titularidad del Ejecutivo estatal —para hacerse cargo de la dirigencia nacional de su partido, en Coahuila estalló el escándalo que hoy se conoce como “La Megadeuda” y constituye uno de los episodios más cuestionados del sexenio anterior.

Con el destape del gigantesco débito heredado a la entidad por “El Profe” también comenzaron a aflorar los detalles de una historia que ha sido escrita con dos guiones distintos en México y el extranjero. Acá, a ninguna autoridad —estatal o federal— le ha parecido importante investigar la posibilidad de un desfalco a las arcas locales; en Estado Unidos y España, la historia ha sido diametralmente opuesta.

Primero fue Javier Villarreal Hernández, luego el gobernador sustituto Jorge Torres López, más tarde el empresario Rolando González Treviño y el viernes pasado la figura sobre la cual han gravitado las sospechas desde el principio: Humberto Moreira Valdés.

Atendiendo al principio de presunción de inocencia resulta obligado considerar que al exmandatario estatal —y exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional— debe dársele la oportunidad de defenderse y sólo si un juez llegara a condenarle puede el juicio popular caer sobre él.

Para eso habrá que esperar, desde luego, a conocer los detalles del proceso que en su contra han enderezado las autoridades españolas y ver si aquellas son capaces de demostrar que es culpable de algún delito.

En tanto, los cuestionamientos no hacen sino avivarse y, de manera particular, el relativo a la pregunta que han pronunciado miles de voces y se ha formulado en todos los tonos: ¿por qué a las autoridades mexicanas no les ha parecido importante investigar los hechos alrededor de la contratación de créditos bancarios utilizando documentos falsos?

Lo ocurrido el fin de semana anterior obliga a formular la pregunta de forma distinta: el arresto de Humberto Moreira en el Aeropuerto de Madrid, ¿constituye la evidencia última de que a nivel estatal y/o nacional ha gozado de una red de cómplices que han decidido no investigar o bien hacerlo de forma conveniente para él y sus posibles cómplices?

El hecho también obliga a lanzar cuestionamientos en la dirección de los individuos clave que, de existir la red de complicidades por todos sospechada, han realizado lo necesario para ocultar las conductas presuntamente delictivas cometidas en el sexenio de Moreira Valdés: quienes han fungido como titulares de la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría de Justicia.

Habrá que estar atentos a los acontecimientos y esperar los primeros desenlaces judiciales que ocurrirán esta semana, cuando la defensa de Humberto Moreira utilice los recursos legales a su alcance para diluir las acusaciones. Si tal tentativa fracasa, la posición de quienes aquí deben ofrecer explicaciones se irá volviendo paulatinamente insostenible.

Y es que la madeja que comenzó a desenrollarse con el tránsito de Javier Villarreal, de todo poderoso funcionario local a prófugo de la justicia, ha llegado ahora al otro extremo.