México destacó que ha aceptado numerosas demandas para ajustar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero marcó en definitiva líneas rojas respecto a aceptar inspectores extranjeros y una cláusula relacionada con la aplicación de sanciones, ambos casos en el ámbito laboral.

“Para nosotros, estamos llegando al hueso”, dijo Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el miércoles por la noche tras reunirse con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, en Washington. “Hemos aceptado 1,000 cosas”, enfatizó.

La última de las concesiones que ofreció Seade es que México está abierto a un proceso de arbitraje acelerado para abordar las violaciones de los derechos laborales. 

Después de casi cuatro horas de conversaciones con Lighthizer, Seade dijo que creía que el acuerdo estaba más cerca, quedando por resolver dos o tres preguntas difíciles. “Pero hay cosas que no podemos aceptar”, aseveró. Las conversaciones entre ambos funcionarios continuarán este jueves.

Los cambios inaceptables por México consisten en la forma en que se define una violación laboral para ser objeto de penalización en el nuevo acuerdo comercial y, por otro lado, en que el gobierno de Estados Unidos inspeccione las fábricas de México, una medida que recíprocamente podría hacer cualquiera de los tres países socios.

El Capítulo 23 del T-MEC establece que ninguna parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente en una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

En ese sentido, la propuesta estadounidense plantea la posibilidad de que se pueden levantar paneles de solución de controversias más fácilmente, en casos aislados, si se violan las disposiciones laborales del T-MEC.

Sólo en la parte laboral, según el T-MEC firmado, cada parte adquiere el compromiso de establecer en su legislación laboral el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales reconocidos al amparo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como la obligación de hacerlos cumplir:

• Libertad de asociación y el derecho efectivo a la negociación colectiva.
• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
• Eliminación efectiva del trabajo infantil.
• Eliminación de la discriminación en el trabajo y ocupación.

Adicionalmente, incluye un anexo relativo a la implementación de la reforma laboral de México en relación con la negociación de contratos colectivos de trabajo.

En particular, el anexo obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna que aseguren que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, que el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

Los casos de acción o inacción sostenida o recurrente en la aplicación de la legislación laboral por parte un gobierno, que afectan al comercio y la inversión, se sujetarán al mecanismo de solución de controversias del Tratado.

También, fuera del texto del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en una carta enviada al Congreso estadounidense a invertir los recursos multianuales necesarios para implementar la reforma laboral mexicana.