CIUDAD DE MÉXICO.- Pagaban el monto de mil 771 pesos para obtener el certificado médico que avalaba el buen estado de salud de los transportistas.

Sin embargo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes detectó una presunta red de corrupción, que alteraba los exámenes médicos de los operadores para que pudieran realizar su trabajo.

Los exámenes demostraban que eran aptos física y psicológicamente para operar cualquier transporte de carga, y según el diagnóstico esta presunta corrupción se extendería por 49 clínicas que la SCT opera en los diferentes estados.

218 clínicas de terceros subrogadas por la SCT, habrían sido las encargadas de la venta fuera del sistema, con el otorgamiento del certificados para eludir sobre todo exámenes toxicológicos.

Esto representaba para la dependencia federal fugas de recursos y seguridad, tanto que estas clínica atienden al 93% por ciento de los solicitantes.