Ciudad de México. Tanto el gobierno federal como los gobernadores de los diferentes estados de la República han mostrado poca voluntad política para cuidar la vida y la integridad de los periodistas, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2016 su Recomendación General 24, los llama expresamente a ello, lamentó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

“Es falta de voluntad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en términos genéricos, y de la Federación. Hubo un compromiso de articular los esfuerzos de los enlaces de las entidades federativas (para cumplir la mencionada Recomendación), pero recuerden que dijimos que tienen que ser enlaces con capacidad de decisión. Bueno, pregúntenle a los estados qué ha pasado”, lamentó el funcionario.

Luego de participar en la presentación de la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, González Pérez recordó que tras haberse dado a conocer la Recomendación General 24 en febrero de 2016, la Conago y el gobierno federal la asumieron como política pública, pero hasta mediados del año siguiente.

“Públicamente se comprometieron a cumplirla. De 2017 a la fecha, un año más y ese compromiso público no se ha atendido, porque ahí están las agresiones pero, además, la impunidad sigue lidereando”, deploró el ombudsman.

Durante la presentación de la campaña –que consiste en una serie spots de radio y televisión, además de mensajes en redes sociales y posters sobre la violencia que enfrentan los periodistas en México--, González Pérez recordó que de 2000 a marzo de 2018 han sido asesinados en el país 138 periodistas, mientras que de 2005 al primer trimestre del año han desaparecido 21 comunicadores.

En ese marco, recordó que quienes resienten en mayor medida este fenómeno de violencia son los periodistas que no viven en la Ciudad de México, y lamentó que “no se empata esa intención discursiva” de proteger al gremio con los hechos concretos para lograrlo.

A manera de ejemplo, destacó que en estados como Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas aun mantienen en sus legislaciones tipos penales que castigan las “calumnias y la difamación”, lo que en muchas ocasiones genera demandas millonarias contra periodistas, que en los hechos los imposibilita para seguir trabajando.