La Ley de Declaración de Ausencia aprobada en mayo de 2014 aún cuenta con lagunas que, a la fecha, no han sido resueltas por el Poder Judicial y donde las familias de las personas desaparecidas han resultado más perjudicadas, aseguró Silvia Garza. 

La senadora de Acción Nacional por Coahuila consideró que en la entidad no hacen falta más leyes, sino que las ya expedidas sean aplicadas correctamente. 

La semana pasada VANGUARDIA dio a conocer que existen al menos 17 familias que integran el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) Laguna que cuentan con la resolución de un juez a su favor para que las empresas continúen con sus obligaciones laborales como lo indica el artículo 14 de dicha legislación. 

“Es un tema de aplicación de leyes pues desde que se inició sabíamos que se iba a tener un bache o una laguna en la parte de la declaración de ausencia, es decir, en cómo se iba a ejecutar. 

“Creo que al momento de que están pasando estos detalles se van a ir ajustando por parte del Poder Judicial de tal forma que esto se acelere”, reconoció la
legisladora. 

Según esta ley, los empleados desaparecidos estarán en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas; si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad. 

Asimismo, si el trabajador es localizado sin vida se indemnizará a sus deudos de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable; a los beneficiarios del trabajador se les reconocerán, conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico. 

Una de las afectadas, María Elena Salazar madre de Hugo Marcelino González Salazar —desaparecido en la Comarca Lagunera el 20 de julio de 2009— dijo anteriormente que en el colectivo a pesar de que ya hay sentencias en ninguna se ha ejecutado. 

“Tenemos otra compañera que tiene un proceso abierto en contra de Lala, quien se está amparando en contra del Gobierno y del Congreso por esa resolución que dio el juez. Es un ir y venir y para todos esos trámites, nosotros no contamos con un abogado, nos asesoramos en los jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, dijo. 

Al respecto, la senadora panista reconoció que ha sido lamentable que el Estado no obligue a las empresas a otorgar este derecho a las familias. 
“Voy a generar desde el Senado de la República un punto de acuerdo en el que vamos a prestar atención en eso y no solamente en Coahuila, sino de una vez extenderlo para que este beneficio llegue a todas las personas que están en esa circunstancia”, expresó Silvia Garza.