La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectó presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior, luego de que la dependencia realizó 2 mil 500 auditorías, las cuales derivaron en la emisión de 10 mil observaciones y el inicio de más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

Al presentar su informe de labores, la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sándoval, detalló que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con un comunicado.

Entre los casos ejemplares de corrupción detectados, dijo, está el desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; así como el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.

Otro ejemplo, fue el "desfalco" en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.

Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.

“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el Ex director general de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló al referirse a la operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.

Sándoval precisó que, hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.