El tema de la semana fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF), después de que se reconocieran inconsistencias en la auditoría relacionada con los costos de cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco.

Los errores pusieron en la mira al responsable de la ASF, David Colmenares, y más de uno pidió su cabeza. Pero al tiempo que se desataba el caso en los medios, quizá muchos olvidamos los informes individuales de la ASF a las cuentas del 2019.

En Coahuila, la cifra observada más grande estuvo en el rubro de las participaciones federales. Aquí las irregularidades encontradas:

Según la ASF, el Gobierno de Coahuila incurrió en “inobservancias de la normativa, principalmente en materia de armonización contable, obra pública y adquisiciones arrendamientos y servicios”, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 134 millones 227 mil 777.14 pesos, según el Informe 2019.

Según la Auditoría de Cumplimiento 2019-A-05000-19-0652-2020 652-DE-GF de las Participaciones Federales en el apartado de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, faltan por aclarar 108 millones 209 mil 814.88 pesos, pues el Gobierno estatal no destinó recursos de las Participaciones Federales en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios; sin embargo, dentro del capítulo 4000 se comprobó que ejecutores sí ejercieron los recursos.

La ASF en un inicio detectó que se desconocía la aplicación de Participaciones Federales 2019 por 676 millones 745.4 mil pesos, pues el Estado no había destinado participaciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios; sin embargo, dentro del capítulo 4000 se comprobó que 42 ejecutores a su vez sí ejercieron recursos en esa materia

Sin embargo, se informó que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado proporcionó documentación que acreditó la comprobación de 568.5 millones, pero que faltan por aclarar los más de 108 millones de pesos ejercidos por los ejecutores en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En el apartado de Obra pública, se comprobó también que el Gobierno estatal no destinó recursos de las Participaciones Federales en el rubro; sin embargo, dentro del capítulo 4000 se verificó que tres ejecutores sí ejercieron recursos en la materia y no remitieron los formatos solicitados.

Por ejemplo, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por 19 millones 608 mil pesos, el Instituto Estatal de la Vivienda Popular por 6 millones 410 mil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por un millón 277.6 mil pesos, “por lo que se desconoce la aplicación de las Participaciones Federales 2019 en materia de obra pública por 27 millones 295.6 miles de pesos.

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto por un millón 277 mil 644.43 pesos, por lo que están pendiente de aclarar 26 millones 17 mil 962.26 pesos (solicitud de aclaración: 2019-A-05000-19-0652-03-002).

Por lo que entre las observaciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y el de obra pública suman los más de 134 millones de pesos observados.

AL TIRO

Es cierto que los recursos que recibió el Estado no se comparan con lo observado. Se asignaron 20 mil 896 millones de pesos, de los cuales más de 4 mil millones le correspondieron a los municipios y el resto, 16 mil 694 millones, al Estado.

De estos, la ASF auditó una muestra del 68.8 por ciento. Por ello, observar 134 millones quizá sea una cifra minúscula. Pero no por eso menos importante.

La ASF informó que el 19 de enero de este año la entidad fiscalizada remitió un oficio en el que se presentó información para atender lo observado. Sin embargo, la ASF concluyó que con base en la información y documentación proporcionada, siguen sin reunirse las características que aclaren o justifiquen lo observado.