El robo a escuelas será añadido en la lista de delitos como calificativa especial de hurto en el Código Penal de Coahuila. Dependiendo de la cuantía de los objetos robados, la pena podría ir de uno a seis años de prisión.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado resolvió ayer un dictamen que surgió a raíz de una propuesta de la diputada Zulmma Guerrero, quien dio a conocer que en el ciclo escolar 2017-2018, se presentaron 157 robos y 40 casos de daños en planteles educativos, lo que ha arrojado una pérdida de 2 millones 30 mil pesos, según datos de la Secretaría de Educación.

“Se debe de castigar a esas personas que con dolo atacan el patrimonio de nuestros hijos. Es lamentable enterarnos cuando los niños y jóvenes regresan a clases y no pueden tomar de manera adecuada su enseñanza porque no había luz o el aparato de refrigeración se lo robaron o el mobiliario administrativo desapareció”, dijo la legisladora de UDC.

 “Estimamos que la propuesta permite garantizar una mejor calidad educativa, sancionando de forma más severa a los que cometan robo contra de los bienes de cualquier institución educativa pública y privada”, decretó la Comisión de Gobernación y Justicia.

De acuerdo con el Código penal, la pena será de uno a tres años de prisión cuando el monto de lo robado sea de cuantía menor (300 unidades de medida y actualización), de dos a cuatro años cuando sea de cuantía media (entre 300 y 750 unidades de medida y actualización) y de tres a seis años de prisión cuando sea de cuantía mayor (más de 750 veces la unidad de medida y actualización).

“Este tipo de prácticas delictivas aumentan en periodos vacacionales, y a pesar de que es indispensable que las autoridades de las instituciones educativas resguarden las cosas de mayor valor, resulta necesario tomar medidas más severas para combatir este delito, no solo por el robo de material, sino, por los daños a escuelas”, concluye el dictamen.