Grupos de mujeres abren refugios y centros de atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema; inician con sus propios recursos porque el Senado, los gobernadores, los congresos de los 32 estados siguen sin entender y atender sus responsabilidades. Son las activistas que hasta la fecha han fundado 43 refugios para víctimas, junto con un puñado de personas éticas infiltradas en el servicio público, quienes lograron vínculos profesionales entre las instancias de salud y desarrollo social con las organizaciones civiles para crear un registro adecuado de defensoras civiles y de víctimas. Por si fuera poco, la idea de las feministas de que se necesitaba una ley general para abordar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas, desde la comprensión hasta la prevención, atención y estrategias para erradicarla, se hizo realidad cuando las activistas, filósofas y expertas en feminismo y jurisprudencia se infiltraron, como heroínas salvadoras del País, en el Congreso de la Unión. Crearon la ley federal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; una regulación de tal factura que no deja nada fuera y exige, con procedimientos específicos y fechas límites, que todos los congresos locales la aprueben y apliquen. ¿Quién sabotea la ley? Los gobernadores, algunos legisladores y jueces estatales que se niegan a obedecer los nuevos paradigmas jurídicos. Todos ellos viven de nuestros impuestos.

Desde la Ciudad de México, pasando por Cancún, Morelos y Sinaloa, la gente sale a las calles para con recursos propios construir topes frente a las escuelas, tapar baches, sembrar árboles, poner botes de basura y mejorar parques. Sí, porque la autoridad local está ocupada robándose el dinero. ¿Quién los regaña? La policía que, en algunos lugares, ha exigido que destapen el bache de nuevo o les llevarán a la cárcel. Esa policía que vive de nuestros impuestos.

En Sinaloa, hartos de ser señalados siempre como la cuna del crimen organizado, sin reconocer la extraordinaria fuerza de la sociedad civil por promover la cultura de la legalidad y por educar a niñas y niños contra la corrupción, un grupo de jóvenes (activistas, empresarios y periodistas) aplicó metodologías de primera para documentar la violencia cotidiana. Su nombre es #VePorSinaloa y lograron demostrar con precisión los tipos de violencia y el serio incremento de asesinatos dolosos (de hombres y mujeres). El trabajo es impecable, no solamente cruzan información oficial, investigan y explican con claridad dónde y cómo incrementa la violencia, con propuestas concretas y factibles para que toda la sociedad se involucre en la prevención de la violencia y en la impartición de la justicia con reparación del daño.

¿Quién ignora esta realidad e intenta desacreditar el impresionante trabajo de la sociedad civil?  Las autoridades locales. El llamado al gobernador Quirino Ordaz sigue sin respuesta, él y todos los servidores públicos viven de nuestros impuestos. 

No existe un estado de la República Mexicana, de Veracruz a Nayarit, de Chiapas a Sonora, de Baja California a Guerrero y Yucatán, en que la sociedad civil no haya creado en la última década nuevos paradigmas de ciudadanía, desarrollado nuevos modelos de atención a víctimas, de protección a niñas y niños, de detección de delitos, de compilación de información, de localización de fosas clandestinas donde yacen miles de personas registradas como desaparecidas. Nunca antes la Suprema Corte de Justicia había recibido tanta atención y exigencia de la ciudadanía. Aquellos institutos de las mujeres que en realidad funcionan son los dirigidos por mujeres apartidistas que están preparadas y tienen grandes convicciones cívicas y éticas. Nunca como ahora las y los periodistas no alineados al poder se han dedicado a capacitarse para comprender cómo documentar los derechos humanos, mientras aprenden a proteger su integridad a razón de amenazas de muerte y ataques gubernamentales para desprestigiarles. Nunca en los últimos 40 años había visto a una sociedad tan unida al rescate de este País tan abandonado por sus gobernantes. Nunca en estas décadas había visto a tantos políticos tan unidos con la delincuencia organizada, encabezados por su presidente, promotor de la corrupción como un recurso cultural propio de los partidos políticos. Recorrer el País me ha recordado el verdadero poder de periodistas y sociedad civil, hartos, sí, pero inquebrantables.