La “H.” significa honorable. Dicho título está oficialmente asignado al H. Congreso del Estado, órgano colegiado que además encarna la soberanía del pueblo de Nuevo León. Ojalá los diputados la puedan rescatar.

La H actual está muy abollada. Los partidos políticos se han encargado de anularle su esencia de órgano colegiado. Sin embargo, los cuarenta y dos diputados individualmente considerados, tienen la gran oportunidad de hacer brillar la H.

Honorable significa “digno de ser honrado o acatado”. Significa respetable, e incapaz de actuar de mala fe o dolosamente. Significa hacer lo correcto, contra viento y marea, señores diputados. Salven también su honor personal.

Jaime Rodríguez es un gobernante deshonrado. Ha fallado en cumplir y hacer cumplir la ley. En lo de la revocación de mandato. La transparencia se ha transmutado en saqueo.

El “TRIFE” (apodo), lo ha juzgado por tan solo uno de tantos actos deshonrosos, pero no leve: desviar recursos públicos para obtener firmas. No estudiaron, sin embargo, todas las otras violaciones que El Bronco cometió para forzar su candidatura y poder regresar al Gobierno si fracasaba, como la comprobada falsificación de firmas.

Ahora el Congreso del Estado debe imponerles la sanción a él y a Manuel González —dice el TRIFE en una sentencia final, irrecurrible y aclarada.

Los partidos ya pelean por hacer el dictamen correspondiente. El segundo escollo es la diversidad de “opiniones legales” al respecto, sesgadas por la natural tendencia litigiosa de los abogados para inflar cualquier conflicto. 

Ningún abogado coincide, como si el derecho fuera de hule. Someter esta decisión a un juicio político es un absurdo total. Los “hechos” ya fueron juzgados y tampoco el Congreso es un órgano de revisión del TRIFE.

No se hagan bolas, señores Diputados. Si quieren merecer la H, sólo resta aquilatar la gravedad y aplicar la sentencia. La mínima justicia del caso es la destitución de los sentenciados Jaime Rodríguez y Manuel González. Y sostengo que amerita también abrirles un expediente penal tras su remoción.

El sustento de mi exigencia es que como órgano político soberano, cada diputado puede —en conciencia— sopesar no sólo la gravedad de los hechos materia del juicio, sino todos aquéllos actos del Gobernador actual que los nuevoleoneses sabemos han traicionado la confianza que en él se depositó al elegirlo.

Consideren que no ha sido juzgado por sus complicidades, ni por el “cobijagate”, ni por sus falsas promesas, ni por su administración pero ese récord debe ser un agravante al momento de tomar la decisión.

El TRIFE sabe que los cuarenta y dos diputados integran un órgano político, no otro tribunal empalmado. Es una decisión en conciencia, no más pruebas, no más tardanzas, no más excusas. Les ha abierto la puerta a que sienten un precedente histórico.

Y es lo que Nuevo León necesita: volver a hacer historia. Así como la hicimos los ciudadanos al elegirlo como independiente, así necesita hacer historia al removerlo por deshonesto y deshonroso.

Soberano quiere decir “por encima de todos”. Si fallan, el TRIFE no podrá hacer nada. Pero si aciertan, cambiarán la H para significar también Histórico.

Nada de juicio político, nada de procedimientos que salgan del plazo del Trife. Para actuar juiciosamente bastaría ordenar tres encuestas, (que en los hechos repondría la fallida revocación de mandato). ¿Debe ser sancionado con su destitución, si o no?

Si el Congreso es soberano, si el Congreso es honorable, debe cumplir con la sentencia del máximo tribunal electoral del País y hacerlo para sentar un precedente histórico y permitir que el pueblo recupere su gobierno.

Si se enredan porque no encuentran gobernador sustituto, escojan al azar a cien ciudadanos respetados y que la suerte lo decida. Cualquiera sería mejor que el actual desgobernador.

javierlivas@mac.com