El transfuguismo político no es ninguna novedad en ninguna parte del mundo, ni debe ser considerado como un hecho extraordinario, si bien es cierto que llama la atención —al menos en un primer momento— cuando involucra a individuos con una larga y relevante trayectoria partidista.

Es el caso, sin duda, de Javier Guerrero García, quien ayer decidió abandonar la militancia en el Partido Revolucionario Institucional por considerar que  “hace meses, si no es que años, el Gobernador (Rubén Moreira) decidió imponer candidato (al Gobierno del Estado) poniendo al servicio de ese propósito recursos de carácter económico y político de toda índole, lo que configura en los hechos un fenómeno de simulación irreversible”.

El legislador —hasta ayer integrante de la bancada del PRI en San Lázaro— dejaría claro con su carta de renuncia que considera cerrado el espacio para que quienes aspiran, dentro del PRI, a la nominación para el cargo de Gobernador puedan competir realmente por la misma.

Previamente, Guerrero García había afirmado que él estaría en la boleta electoral, pero que estaba esperando a que su hoy expartido definiera el método de selección de su candidato, cosa que ocurría justamente ayer, mientras él anunciaba su cambio de camiseta por la de “candidato independiente”.

En el plano estricto de sus derechos políticos, lo que Javier Guerrero ha hecho es ejercer una prerrogativa, es decir, llevar adelante sus aspiraciones de presentarse ante la ciudadanía en busca de su voto. En su caso, al ser un político de larga trayectoria, se antoja que tal decisión habrá estado precedida de un cálculo electoral y de un análisis serio de sus posibilidades.

Pero en el plano de la política real, la renuncia a su militancia aviva un debate largo respecto de la fidelidad que partidos y militantes -y especialmente quienes han accedido a la categoría de funcionarios de elección popular gracias a las postulaciones partidistas- se deben mutuamente.

La renuncia de Javier Guerrero también alienta la discusión respecto de cómo debe entenderse la “independencia” de un candidato que ha tenido una larga trayectoria partidista y ha defendido la ideología de un partido político dentro y fuera del servicio público.

No se trata de poner en duda la vocación por el servicio público de alguien que ha tenido una carrera importante en dicho sector, sino de plantear preguntas que resultan obligadas más allá del respeto que las aspiraciones personales de cada individuo merecen.

Si Javier Guerrero tiene o no los méritos para ocupar el cargo será algo que los electores decidirán en las urnas el primer domingo de junio próximo. Pero dado que ésta debe ser —o al menos es deseable que lo sea— una decisión informada, resulta indispensable que esté claro el tipo de “independencia” que ahora abandera quien hasta ayer alineaba en un equipo que empuja una agenda política concreta en el Poder Legislativo Federal.

La pregunta es tanto más relevante cuando, al renunciar ayer al PRI, Javier Guerrero no dijo estar ahora en desacuerdo con el ideario de dicho partido, sino solamente con el hecho de que en el proceso de nominación del candidato tricolor los dados “estén cargados”.