CDMX.- El Gobierno de México no ha encontrado una solución al problema de violencia y criminalidad. Una década después de que comenzara a dispararse el número de asesinatos en el país, diversos diagnósticos, incluso oficiales, indican que tanto la estrategia militar y de “combate frontal” lanzada por el panista Felipe Calderón Hinojosa, como la “preventiva” o “de un México en paz” propuesta por Enrique Peña Nieto han fracasado en su misión de combatir el delito.

Sobre la primera, el pasado 10 de febrero, la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, difundió un estudio que concluye que, lejos de disminuir la violencia, fueron los operativos de Calderón los que la aumentaron.

“La información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad, ni una ‘ola de violencia’ (salvo en el Estado de Michoacán), que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos Estados del País entre 2006 y 2007”, dice el estudio titulado “Seguridad Interior: Elementos para el debate”.

“Los datos oficiales revelan que la implementación de estos operativos, lejos de disminuir la violencia existente (que se encontraba en mínimos históricos), la incrementó de forma drástica. De tal manera que, la evidencia empírica disponible nos advierte de la necesidad de imponer controles estrictos, así como amplias medidas de supervisión y evaluación públicas, sobre este tipo de operativos”, agrega.

Cinco días después, el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó diversas revisiones a la política de “prevención del delito” del actual Gobierno federal para advertir que ni la planeación ni las estrategias de disuasión de la delincuencia ni el trabajo de inteligencia anunciados por Peña Nieto han tenido un impacto.

La División de Gendarmería, por ejemplo, que fue la cara de la “transformación institucional” que hizo Peña Nieto en el área de seguridad, en 2015 consumió más de dos mil 800 millones de pesos y presentó “cero avances” en su misión de inhibir la delincuencia.

“Se demostró que el número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la gendarmería”, dice la revisión 18-GB, elaborada por la ASF para medir las acciones de la Gendarmería en contra de la incidencia delictiva.

“Aunado a que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni el análisis criminológico y sociodemográfico que le permitiera priorizar su actuación, ni diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances en lo referente a la transformación institucional y el fortalecimiento de su presencia en las zonas en que operó”, agrega.

La Policía Federal, cuyo traslado de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación fue parte de la misma “transformación institucional” del priista, realiza cada vez menos intervenciones y trabajo de inteligencia cuya efectividad preventiva, además, según la ASF, está también en duda.

“En opinión de la ASF, la prevención policial del delito a cargo de la PF por medio de la generación de información y productos de inteligencia, así como mediante la implementación de operativos para la prevención y persecución de los delitos, presentó deficiencias para combatir la comisión de los delitos de manera efectiva, ya que en ese periodo tanto la generación de información como los operativos disminuyeron, y no se acreditó contar con directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución, a fin de contribuir a reducir la incidencia delictiva y a mejorar las condiciones de seguridad pública”, concluye la revisión 19-GB.

De acuerdo con Carlos Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez y coautor del estudio “Seguridad Interior: Elementos para el Debate”, uno de los principales problemas es que las administraciones federales han carecido de evidencia o elementos para afirmar que sus políticas ante el crimen funcionan.

“Ahora discutimos iniciativas para regular la presencia militar; pero, ¿no se supone que la Gendarmería era precisamente para eso, un cuerpo de elite especializado para combatir ese tipo de delitos?”, destaca Galindo.

“Entonces viene la pregunta: ¿dónde están las evaluaciones de esta política pública? ¿Con qué indicadores evaluamos si las cosas funcionan o no? Para la gente es importante que se reduzcan los homicidios, los robos, las extorsiones, pero tus indicadores son el número de plantíos erradicados o capos detenidos; eso no tiene un beneficio directo a la situación de violencia que vive la gente”, agrega.

En entrevista, el investigador explica que, para su análisis, buscaron diagnósticos o evidencias que sostuvieran la decisión anunciada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, cuando inició el despliegue militar.

“Lo primero que nos parece importante decir es que existe una narrativa de que era necesario sacar al Ejército, porque se decía que había una ola delictiva y que, para enfrentarla, había que sacar a las Fuerzas Armadas”, plantea.

“Pero no hay datos. Buscamos los diagnósticos con los que se sacó al Ejército a las calles y no hay uno solo que lo justifique”, afirma.

AUMENTO EN LA VIOLENCIA

La violencia empezó a dispararse en México a niveles de “guerra” en el sexenio anterior. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2006 se registraron 11 mil 808 homicidios dolosos, mientras que, en 2007, la cifra fue de 10 mil 253.

En 2008, sin embargo, este delito aumentó a 13 mil y, ya sin descender, para 2010 fue de 20 mil 680 homicidios y 22 mil en 2011, que ha sido el año más violento.

Un leve descenso se observó sólo a partir de entonces, para ubicarse, en 2014, en 15 mil 653 víctimas, la más baja del sexenio. En 2015, sin embargo, la cifra volvió a dispararse a 17 mil 034 y, para 2016, cerró con 20 mil 792 casos y se convirtió ya en el año más violento en lo que va del Gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con Galindo, si bien el Gobierno federal podría argumentar detenciones de capos y erradicación de plantíos como indicadores de éxito en su estrategia de seguridad, son las cifras de defunciones por homicidios las que, de acuerdo con estándares internacionales, determinan el grado de violencia que sufre cada país.

“¿Y qué dicen [los datos]? Que los índices iban disminuyendo y que, entre 2004 y 2005 teníamos niveles mínimos históricos de violencia”, destaca el investigador.

“Entonces, no es entendible por qué se toma la decisión de sacar al Ejército a las calles, salvo en el caso de Michoacán, que hubo un pico de violencia y ahí sí es entendible que hubiera en 2006 un operativo conjunto. Pero en todos los demás estados, como Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Nuevo León, estaban en mínimos históricos de violencia o eran tendencias normales”, insiste.

En el informe, los autores señalan que los estados que fueron territorio de operativos militares sufrieron aumento en sus indicadores de homicidios “después” de las intervenciones militares.

“Al examinar los datos desagregados a nivel estatal se observa un patrón general, excepto en Michoacán, de marcados incrementos de homicidios en las entidades donde se implementaron los operativos conjuntos permanentes después de que estos fueron desplegados”, detalla.

“En los demás estados donde iniciaron operativos, Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, no ocurrieron aumentos de homicidios antes de su implementación. En todos se tenían mínimos históricos estables de alrededor de 600 homicidios anuales, por lo que no puede decirse que el despliegue de las Fuerzas Armadas fuese indispensable o incluso necesario (hasta ahora no se ha liberado diagnóstico alguno con datos más sólidos y confiables que muestre lo contrario). Es después del despliegue de los operativos que se desata una ‘ola de violencia’ en estas entidades, siendo Chihuahua la más afectada con un pico de 6,429 homicidios en 2010 (con una tasa de 182 por cada cien mil habitantes)”, agrega.

En la investigación, los autores insisten en que Calderón incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el concepto de “combate frontal” al narcotráfico como medio para recuperar la “fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social”, pero sin algún diagnóstico que lo justificara.

“Hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional. Se han expresado diversas narrativas sobre los motivos que tuvo el Ejecutivo Federal para desplegar operativos simultáneos en varios estados de la República pero hasta ahora, no se han liberado datos oficiales que den sustento a estas narrativas”, dice la investigación.

“El PND 2007-2012, donde se debieron plasmar los motivos de esta decisión, no incluyó datos de diagnóstico, con niveles y tendencias, que justificaran la nueva política nacional”, agrega.

CAMBIOS INSTITUCIONALES

Desde el inicio de su sexenio, en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la “nueva” estrategia de seguridad de su Gobierno ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito.

“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“La prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado. Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias. Debemos disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a las futuras generaciones de la delincuencia”, agregó.

Otra parte de la estrategias, dijo el titular del Ejecutivo entonces, sería la “transformación institucional”, para lo cual desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se había creado en los años del panismo; pasó la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Osorio Chong, y ordenó la creación de la división de la Gendarmería Nacional.

Luego, al publicar el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto especificó que éste era la vía para mejorar las condiciones de seguridad previstas en su meta de lograr “un México en paz” y que define las estrategias de “una nueva política pública que enfatiza la prevención del delito, privilegia la recopilación y el uso de inteligencia”.

Para 2015, sin embargo, el órgano fiscalizador de la administración pública federal tuvo claro que ni la prevención del delito ni la transformación institucional ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Presidente estaban funcionado.

Además de los nulos avances de la Gendarmería y de la reducción en los operativos de la PF, a los que además consideró “inerciales” y sin justificación, la ASF encontró sin impacto claro más de tres mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y de Policía Acreditable (SPA).

“En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y Subsemun limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, dice la revisión hecha al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y, en materia de trabajo de “inteligencia”, la ASF encontró que sólo un 5.2 por ciento de sus productos –fichas de información de personas vinculadas con ilícitos, mapeos, análisis de redes y otros– mostraron “planeación” mientras que, en general, la PF no justificó cómo estos “productos” contribuían a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos.

“La PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la ASF.

Diversos analistas han advertido que, pese al discurso de “transformación institucional” de Peña Nieto, su Gobierno mantiene ante el crimen organizado también la política de sólo “descabezamiento” de grupos, sin mayores impactos en sus patrimonios económicos.

Tampoco ha habido cambios en el marco normativo del combate al narcotráfico, agrega Galindo López.

“Se hablaba de regularizar o de las famosas leyes anti narcomenudeo, pero sigue siendo el mismo marco normativo, punitivo”, dice el investigador.

“Y, diez años después de una muy mala decisión (militarizar la seguridad pública), estamos ante la disyuntiva de qué hacer, si seguimos proponiendo la militarización o buscamos esquemas alternativos para la regulación de muchas cosas, como los controles de la ciudadanía sobre los cuerpos policiacos y esquemas de regulación de algunos aspectos del mercado de drogas”, agrega.