La organización no gubernamental ambientalista Greenpeace obtuvo de nueva cuenta una suspensión provisional mediante un proceso de amparo contra un ordenamiento energético, en esta ocasión para detener la implementación del Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, publicado por la Secretaría de Energía.

La suspensión provisional en el amparo con número de expediente 372/2020, en contra del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, fue otorgada por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la capital del país, Juan Pablo Gómez Fierro.

Esto significa que la Secretaría de Energía y todos los organismos públicos encargados de aplicar el contenido de este programa, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, “deberán abstenerse de cumplir los objetivos y estrategias” establecidos en el referido documento, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio pasado, hasta en tanto se tomen decisiones definitivas.

Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio climático, señaló que esta es una gran noticia ya que además de proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, envía una nueva señal de atención a la Secretaría de Energía para que no dilate ni bloque la transición energética hacia un modelo que incorpore a las renovables con mayor fuerza, sin descuidar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

“Obtener esta segunda suspensión provisional es un claro mensaje de que la Secretaría de Energía debe revisar su política y dar más fuerza a las fuentes renovables para colocar a México en una trayectoria de reducción de emisiones congruente con las metas climáticas, que además ayuden a reducir la pobreza energética y construir un modelo más justo para todas y todos, guiado por el componente de sustentabilidad y acorde a la Agenda 2030. El Estado a la par puede y debe implementar proyectos en el sector energético que abonen a combatir la corrupción y la emergencia climática en la que nos encontramos”, añadió el experto en un comunicado de la ONG.

En tanto el juez de la causa decide sobre el fondo del asunto, quedará suspendido en todos sus puntos y consecuencias del Prosener 2020-2024, pero “para no generar un vacío normativo”, las autoridades del sector deben aplicar temporalmente las normas que estaban vigentes antes de la publicación de este programa.

La demanda se basó en reclamar la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, al acceso a energía eléctrica a base de fuentes renovables y al derecho a la legalidad. Como parte de este mismo proceso, el impartidor de justicia estableció el 17 de septiembre a las 11:40 horas, como fecha y hora para una nueva audiencia incidental para decidir si mantiene la suspensión provisional mientras dure el juicio en el expediente principal.

Al respecto, Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México, explicó que la organización presentó un amparo contra el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, por considerar que éste representa una política que apuesta el desarrollo nacional al empleo de combustibles fósiles, desvía recursos públicos para atender el cambio climático, condiciona la transición energética y el uso de energías renovables.

“Una de las razones para cuestionar el Prosener, fundamento de la política energética de este gobierno, es asegurar que esa política pública sea respetuosa de los derechos humanos y especialmente comprometida con las nuevas generaciones, no solo el reflejo de la visión presidencial del sexenio. El Prosener nos ancla al uso de combustibles fósiles por su alta inversión en infraestructura y omite acciones para tener acceso a las energías renovables tanto por la falta impulso a proyectos de infraestructura de generación eléctrica que las aprovechen como por la ausencia de proyectos de generación distribuida”, señaló.

Este año, Greenpeace obtuvo también la suspensión de carácter general contra la política de confiabilidad del sector que ponderaba el uso de energía fósil como respaldo ante la falta de capacidad de transmisión en la red que tienen hoy las renovables en México. La obligación no será válida hasta que el juzgado en materia de competencia y telecomunicaciones sentencie sobre el amparo interpuesto.