Washington.- El Gobierno de Venezuela oculta y legitima los abusos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Así lo establece un informe presentado este jueves por Human Rights Watch, que denuncia al régimen de Nicolás Maduro por esconder de manera rutinaria agresiones a los ciudadanos.

"Quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad (…) no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, en una rueda de prensa. Desde que comenzó la reciente ola de manifestaciones, a principios de marzo, cerca de 70 personas han fallecido a manos de los cuerpos de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En concreto, el informe señala a seis “cabecillas” como los responsables de los continuados abusos. Estos son el Mayor General Benavides Torres, jefe de la GNB; el General en Jefe Padrino López, ministro de Defensa; el Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la Capitán Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar.

"Es una lista que irá expandiéndose gradualmente. Aumentará con nombres de otras autoridades o civiles", dijo Vivanco.

El objetivo, según detalló, es “dar cuenta a la opinión pública”. La esperanza también es que Gobiernos, en particular el estadounidense, impongan sanciones a miembros del Gobierno de Maduro. De los seis indicados, dos —Benavides Torres y González López— ya están sancionados por EE UU. Además, la Administración de Donald Trump sancionó el mes pasado a ocho miembros del Tribunal Supremo de Caracas y en febrero al vicepresidente del país, Tareck El Aissami.

En vídeos que circulan por las redes sociales, agentes de la GNB y otras entidades policiales agreden, roban y manipulan rutinariamente a manifestantes. La semana pasada, Padrino López enfatizó la necesidad de que las autoridades policiales respeten a los civiles después de que agentes fueran grabados en Caracas saqueando a tres mujeres que no ofrecían resistencia. López también advirtió que quienes no cumplan con su deber dentro de la legalidad deberán asumir responsabilidades.

Pero el llamamiento de López, que hasta entonces había sido consistente con la retórica del Gobierno —dispuesto a rechazar cualquier agresión— no se ha traducido en acciones. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, también ha expresado públicamente su preocupación por la violencia contra la población en las calles, ignorada por el régimen de Maduro.

El chavismo, que avanza a través de una Asamblea Constituyente hacia la escritura de una nueva constitución que le garantice mayor poder, ha sumergido al país bolivariano en una aguda crisis económica y humanitaria. Hasta ahora, las pocas críticas por miembros del Gobierno contrastan con la cohesión entre los mandos militares, que niegan la existencia de violaciones de derechos humanos.