El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. concluyó que el Gobierno federal no ha tenido un estrategia clara para lograr proveer de seguridad a la sociedad; incluso el presupuesto para prevención es corto y para este año se redujo.

En su estudio “Gasto en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos”, el CIEP, coordinado con el Observatorio Nacional Ciudadano, expone que existe una atomización de programas presupuestarios para cumplir con los objetivos, ya que se identificaron 120 programas; sin embargo, los recursos se concentran solamente en seis de ellos.

De acuerdo a la información, actualmente se gasta 0.96 por ciento del PIB en seguridad pública y de éste sólo 14 por ciento va a la prevención, área a la que el CIEP etiqueta como área de oportunidad para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añade el documento que el gasto en este renglón de le prevención se presenta un recorte de 27 por ciento respecto a lo ejercido en 2018.

“El SNSP presenta retos como el fortalecimiento de la prevención del delito y la evaluación de la política en seguridad, ya que no cuenta con resultados robustos sobre la eficiencia de concentrar recursos en combate al crimen a través de las fuerzas armadas”, sostiene el estudio.

“Fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública absorbe 84 por ciento del presupuesto total para Combate al crimen y el eje que cuenta con menor presupuesto es Combate a la corrupción, con 4% del total”, señala el texto.

Sin embargo, la mayor cantidad de recursos se va a impartir justicia y se concentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En 2019 el presupuesto para Justicia es de 104 mil 755 millones de pesos, esto es 1.8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y 0.42 puntos del PIB, lo que representa un recorte de13.4 por ciento respecto al monto ejercido en 2018. Es el capítulo más relevante en términos presupuestarios, ya que equivale a 44 por ciento del presupuesto total para Seguridad Pública”.

Por su parte, añade, los temas de derechos humanos y búsqueda de personas, tanto en prevención como en justicia, cuentan con recursos menores comparados con los programas destinados a combatir al crimen.