En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, se deslindaron de los hechos ocurridos en la colonia San Miguel de Saltillo, en donde resultó muerto un migrante centroamericano, y aclararon que no realizaban ningún tipo de operativo.

La noche de este miércoles 31 de julio un migrante que aparentemente era perseguido por policías resultó muerto en la colonia San Miguel, muy cerca de las vías del ferrocarril y de la Casa del Migrante de Saltillo, de donde habían salido para abordar el tren y continuar su camino rumbo al norte de la entidad, con intenciones de cruzar a los Estados Unidos.

De acuerdo con las dependencias federales en el momento de las hechos ni participaron en la persecución de migrantes los integrantes de la Policía Federal, ni tampoco agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), como circuló en diversas versiones en redes sociales.

“En relación a la información difundida en redes sociales en la que señalan la supuesta participación de personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración en el asesinato a balazos de un migrante salvadoreño durante un operativo en Saltillo, Coahuila, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que: Los elementos de la Policía Federal y el personal del Instituto Nacional de Migración no participaron en ningún operativo relacionado con estos hechos”.

Las autoridades federales refieren que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la cual tomó conocimiento de los hechos y por Ley le corresponden las diligencias.

“Es importante señalar que” señala también el comunicado conjunto de las instancias federales, “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce la importante labor social de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes”.

Agrega que la Policía Federal y la Guardia Nacional tienen el deber de garantizar la seguridad de las personas de todo el país, pero su despligue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reprueba cualquier acción fuera de la observancia de la ley, así como de los protocolos de actuación”, agrega.