El Gobierno español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional la iniciativa secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña, que pretende iniciar el camino hacia la creación de un nuevo Estado en la región española.

"Este recurso no es solo la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país", dijo en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

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La abogada general del Estado presentó el documento ante el alto tribunal después de que el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, viera su visto bueno. En el texto, el Gobierno de Rajoy pide que se suspenda la resolución independentista "y todos sus efectos".

"No voy a aceptar que unas personas liquiden las normas que nos hemos dado entre todos", zanjó el jefe del Ejecutivo.

El Pleno del Constitucional se reunirá hoy mismo para decidir si admite el recurso a trámite. Si así fuera, lo cual parece probable, el acuerdo del Parlamento catalán será suspendido automáticamente durante un máximo de cinco meses, hasta que se falle al respecto.

El Gobierno también pide al alto tribunal que comunique personalmente la decisión judicial a 21 cargos catalanes, entre ellos, a la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, y al jefe del Ejecutivo en funciones, Artur Mas, quienes podrían ser suspendidos de sus funciones si no se acata.

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"Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad", dijo Rajoy, quien anunció que el sábado estará en la capital catalana, Barcelona, en un acto de su Partido Popular (PP), en el que se dirigirá "a todos los catalanes".

Preguntado por los siguientes pasos a dar si el Constitucional suspende la resolución y el Parlamento catalán no lo tiene en cuenta, Rajoy se limitó a insistir en que su Gobierno actuará "con firmeza y proporcionalidad".

"A mí me gustaría que hubiera una rectificación por parte de las personas que han generado este problema", señaló.

En última instancia, el Ejecutivo español podría recurrir al artículo 155 de la Constitución española, que contempla la suspensión de la autonomía de una región si ésta no cumple las leyes. Rajoy no lo descarta, pero ha expresado en varias ocasiones que no le gustaría llegar a tomar esa medida.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, apreció el martes en el texto aprobado por el Parlamento catalán "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y una "declarada insumisión a las instituciones del Estado".

La resolución contempla iniciar formalmente el camino hacia la independencia de la región del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes, e insta a desobedecer al Tribunal Constitucional, al que considera "deslegitimizado".

También prevé aprobar en un máximo de 30 días tres leyes para sentar las bases de un "nuevo Estado catalán en forma de república".

El texto fue pactado por los partidos independentistas representados en el Parlamento catalán tras las elecciones del 27 de septiembre: la coalición Junts pel Sí -auspiciada por el actual jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas- y el partido anticapitalista CUP.

El recurso de hoy no es el primero que Rajoy interpone ante el Constitucional en el marco del proceso independentista catalán. Hace un año, impugnó la convocatoria de la consulta soberanista impulsada por Mas.

Finalmente, la votación se celebró de forma no oficial y en ella participaron más de dos millones de personas. Meses después fue suspendida por el alto tribunal.