En documento oficial interno, el Gobierno admite su culpa en el desabasto de medicinas

Un documento oficial demuestra que la Secretaría de Hacienda generó el desabasto de medicinas por implementar una nueva estrategia de compras. Prueba también que Hacienda sabe que seguirá habiendo desabasto hasta marzo, al grado que ya instruyó a las instituciones de salud pública que se rasquen con sus propias uñas.

El documento, enviado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda a la dirección de administración del IMSS, exhibe que en su segundo año de aplicación, el método de juntar las compras de medicamento (con el argumento de que así se ahorra dinero y se acaba la corrupción) sigue generando un caos que termina afectando la operación cotidiana de los hospitales públicos del País.

El oficio prueba que al más alto nivel del Gobierno saben perfectamente que los problemas de desabasto de medicinas se han originado en la mala instrumentación de su decisión de compra. Y que eso de decir que es un asunto sólo del Hospital Infantil Federico Gómez, o que es culpa de un complot de farmacéuticas, o que es por algún directivo hospitalario corrupto, son mentiras. Deja en claro lo que los responsables de otras instituciones del sector han venido señalando desde el año pasado: el método de compra no se ha hecho correctamente y son los usuarios de clínicas y hospitales públicos los que pagan los platos rotos.

El documento se refiere concretamente a la compra “consolidada” de medicamentos y material hospitalario efectuada en noviembre del año pasado, que ha dejado un vacío de abasto para este primer trimestre de 2020.

Ante la solicitud del IMSS de ayuda para enfrentar el problema, enviada por escrito el pasado 22 de enero, la oficial mayor de Hacienda, Thalía Concepción Lagunas Aragón, informa al administrador del Seguro Social que las entregas de lo comprado en noviembre de 2019 comenzarán en marzo de este año, por lo cual la cobertura de las necesidades durante este primer trimestre es responsabilidad de las instituciones de salud.

La funcionaria de Hacienda afirma en su escrito que las instituciones tienen las opciones de ampliar con los proveedores los contratos vigentes durante 2019, o pedirles que les hagan entregas anticipadas de las compras que entran en vigor a partir de marzo.

Si esas dos vías han sido “agotadas”, agrega el oficio, entonces las instituciones tienen que arreglárselas por su cuenta. Eso sí: les advierte que están obligadas por ley a garantizar la atención a la población.

El documento oficial, que se puede consultar íntegro en carlosloret.com, advierte además a la administración del IMSS que si va a realizar compras por su cuenta, se tiene que ajustar a los precios autorizados por la Oficialía Mayor, por lo que le adjunta la lista de costos de medicamentos y materiales establecido en las bases de la convocatoria de la compra consolidada para 2020. El administrador del IMSS, José Antonio Olivares Godínez, le pide a la oficial mayor Lagunes autorización para realizar compras para los primeros cuatro meses de este año y la funcionaria de Hacienda le contesta: que lo resuelva el IMSS.

En resumen, Hacienda hace la compra consolidada para el año, decide qué adquirir y a qué precio, y las instituciones del sector Salud (IMSS, ISSSTE, institutos de especialidades y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud) se tienen que ajustar a ello. Pero si lo comprado por Hacienda no es suficiente para garantizar la operación, entonces ya no es problema de Hacienda, sino de cada una de las instituciones de salud. Y cuidado si no consiguen los mismos precios que consigue Hacienda en su negociación nacional, porque habrá consecuencias legales.

Combatir la corrupción en los contratos es una intención aplaudible, pero es responsabilidad del Gobierno Federal instrumentar con eficiencia los cambios de método y al final es el responsable de garantizar el abasto. Con más razón cuando ya entra en su segundo año de aplicación.

La respuesta desde Palacio Nacional a las protestas de los usuarios del sistema de salud es acusar de corruptos a directores de hospitales, sin pruebas, y anunciar investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. También alentar campañas de ataques en redes sociales contra los médicos señalados. Un documento desmonta el engaño