Washington.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que apoyará al estado de Texas en la defensa ante los tribunales de la ley contra las llamadas "ciudades santuario", las que no cooperan con las autoridades federales en la detención y deportación de los indocumentados.

El Departamento de Justicia indicó que para ese propósito presentó hoy una "declaración de interés" en la ciudad texana de El Cenizo, una de las que han presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley estatal aprobada en hace dos meses y que, si no hay orden judicial en contra, debe entrar en vigor el 1 de septiembre, según estipulan las reglas de la Legislatura texana.

El Cenizo es una pequeña localidad de la frontera texana con México que intenta parar por la vía legal la llamada ley SB4 antes de que entre en efecto, una iniciativa a la que se sumaron las cuatro grandes ciudades de Texas: Austin, San Antonio, Houston y Dallas, así como otros condados como El Paso o el de Maverick.

El Departamento de Justicia argumentó que la SB4 no es anticonstitucional porque no va en contra de los principios de preeminencia de la ley federal, respeta el federalismo y respalda el derecho de la gente a que no se viole su intimidad.

Los detractores de la medida la consideran "inconstitucional y racista" al permitir que las autoridades del orden establezcan patrones raciales a la hora de detener a las personas.

Esto se debe a que la controvertida ley permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico, a raíz de una cláusula conocida popularmente como "enséñame los papeles".

"El presidente Trump se ha comprometido a mantener a Estados Unidos a salvo y asegurar la cooperación con las leyes federales de inmigración", aseguró el fiscal general, Jeff Sessions, en una declaración que coincide con la presentación de la medida.

Texas ha "enarbolado admirablemente su liderazgo al imponer la cooperación estatal con las leyes federales de inmigración que requieren la expulsión de extranjeros ilegales que han cometido crímenes", agregó Sessions en su declaración.

El Departamento de Justicia recordó que la ley SB4 prohíbe a las localidades de Texas mantener políticas que impidan a los funcionarios locales compartir con el gobierno federal información sobre inmigración y les obliga a cooperar con las solicitudes de detención de inmigración emitidas por las autoridades federales.

La legislación contempla penas de cárcel para los alguaciles que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales, así como sanciones económicas que pueden alcanzar los 25 mil dólares.

"El Departamento de Justicia apoya plenamente el esfuerzo de Texas y participa en esta demanda debido al fuerte interés federal en facilitar la cooperación estatal y local, que es crítica para hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación", añadió el fiscal general.