Madrid. Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de EL PAÍS.

La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila. Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira—sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz— la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.

Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto de Aldolfo Suárez (Madrid) cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona, la ciudad en la que se estableció a principios de 2013, después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3.000 euros al mes.

El mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho ($4,200 MXP la noche), en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada.

La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional— el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado— para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. El mutismo de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente española.

La relación entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República— que en México representa a la Fiscalía— es muy estrecha. México fue un antiguo santuario de etarras y colabora estrechamente en la lucha contra la banda armada. En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, según aseguran fuentes cercanas a la embajada. Se enteraron por la prensa digital española.

El interés de la embajada por la situación del populista político mexicano no terminó ahí. El lunes 18, dos días y medio después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo. El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción. “Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, responde el abogado.

La implicación de la embajada continuó. Un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira. El letrado no ha respondido a reiteradas llamadas de este periódico. “Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, afirma una fuente cercana al caso.

El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral. En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación.

El documento demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso. La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.

El 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira; el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia. “Se ha marchado sin su teléfono y su Ipad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la fiscalía.

El pasado día 9 Pedraz dictó un auto por el que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira. El fin de semana anterior el magistrado había escuchado en su casa la cinta de tres horas de duración que grabó en San Antonio (Texas) a un testigo protegido y concluyó que las acusaciones que este vertía contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con la banda de los Zetas no eran suficientemente concretas.

Los fiscales Grinda y Rosa que viajaron también a EE UU invitados por un fiscal norteamericano no piensan lo mismo y han recurrido el archivo del caso. La investigación sigue secreta y abierta en España respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas.

LA EMBAJADA ASEGURA QUE QUISO PROTEGER SU ATENCIÓN CONSULAR

La embajada de México en Madrid no ha respondido a ninguna de las preguntas que le ha remitido EL PAÍS sobre las gestiones llevadas a cabo por sus funcionarios tras la detención de Humberto Moreira y se ha limitado a remitir un comunicado de prensa que hizo público después de su detención.

En la nota del pasado 16 de enero se destaca que “la representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, al tiempo le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.

La legación diplomática añade que la Sección Consular de la Embajada actúa con apego a lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en su artículo 36, párrafo C que indica que “los funcionarios consulares tienen el derecho de asistir y visitar a sus connacionales que se hallen arrestados o en prisión preventiva, a conversar con ellos e incluso a coadyuvar en su defensa ante los tribunales a fin de garantizar el debido proceso”.