El gobierno de Estados Unidos pidió al juez del caso contra Joaquín El Chapo Guzmán que revise un posible “conflicto de interés” de la última incorporación a su equipo de abogados. Según la acusación, el letrado Jeffrey Lichtman habría representado a “tres potenciales testigos cooperantes” que serán llamados durante el juicio.

Los tres testigos que probablemente serán llamados por la fiscalía son presuntos narcotraficantes de los que se desconoce la identidad, pero que “se involucraron en numerosas negociaciones en persona con el defendido [Chapo] para la compra o envío de numerosas cargas de centenares de kilogramos de cocaína”, con lo que podría testificar sobre su relación y delitos cometidos “durante varios años”.

Para el gobierno estadounidense, que Lichtman defendiera a esos tres posibles testigos representa “un inherente conflicto de interés”, ya que, por el “deber de lealtad y confidencialidad” con anteriores clientes, no puede “revelar” ni contrarrestar datos con la información previamente conocida.

“En otras palabras, al representar a su actual cliente, un abogado no debe usar información privilegiada obtenida por otro cliente”, resume la acusación.

En contacto con EL UNIVERSAL, el abogado Lichtman rebatió la opinión del gobierno, y expresó su deseo de “mantenerme como abogado del señor Guzmán”.

Su permanencia dependerá de la resolución que salga en la próxima audiencia del caso, programada para el 20 de septiembre en los juzgados de Brooklyn, Nueva York.