CDMX.- El viernes 17 de mayo de 2013, Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conducía por las inmediaciones del Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

A las 22:45 horas de la noche, el auto del también profesor de ajedrez fue embestido por dos camionetas blancas sin ningún membrete oficial con sujetos vestidos de civil y armados, que le lanzaron ráfagas con armas largas para que se entregara.

Tras la agresión, Enrique bajó de su coche pidiendo ayuda porque creyó que se trataba de un asalto. Entonces, sin que nadie  presentara una orden de aprehensión ni informara de los supuestos delitos cometidos, los sujetos armados obligaron a golpes y empujones a Enrique a subir a una de las camionetas blancas para trasladarlo a un almacén donde permaneció retenido durante toda la noche.

Allí, los sujetos le vendaron los ojos. Lo desnudaron de cintura para abajo. Lo golpearon durante horas. Lo asfixiaron con una bolsa de plástico. Y le amenazaron con violarlo si no hablaba.

“Vas a hablar o te vamos a matar”

Durante el tiempo que duró la tortura, los agentes lo interrogaron en reiteradas ocasiones para incriminar a miembros de movimientos sociales de todo el país, entre ellos organizaciones ecologistas, sindicatos y movimientos políticos.

“’¿Quién conoces en Oaxaca’”? Yo les respondía que jugadores de ajedrez porque soy maestro de ajedrez, y ellos siguieron amenazándome. De pronto, me dijeron: “vas a hablar o te vamos a matar”. En ese momento, escuché cómo cortaron cartucho muy cerca de mi cabeza y me apuntaron con una arma en la frente”, narra Enrique Guerrero en una carta.

“Luego escuché una voz que dijo: ‘no le dispares, si no coopera que se chingue más el hijo de la chingada’. Entonces, quitaron el arma de mi frente. Posteriormente, empezaron a asfixiarme con una bolsa. Alguien me sostenía el cuerpo, otro los pies, y otro me ponía la bolsa en la cabeza. La quitaban y la volvían a poner, una y otra vez”, añade el activista en la carta.

Treinta horas después de la detención, tiempo en el que para su familia estuvo desaparecido, los agentes trasladan a Enrique Guerrero el domingo 18 de mayo a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también en la Ciudad de México.

Ya en las instalaciones de la dependencia, un agente del ministerio público lo amenazó para que confesara haber estado implicado en el secuestro tres meses antes de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, en el estado de Oaxaca.

Cuando Enrique se negó a admitir tal acusación, el agente lo presionó para que incluyera en su declaración al menos algo que sugiriera actividades delictivas para poder acusarlo.

“Todo el tiempo que estuve en la SEIDO estuvieron haciéndome preguntas, amenazándome, insultándome. En un momento me llamó un Ministerio Público de SEIDO y me dijo: ‘si no señalas al líder de la banda tú y tu familia no se la van a acabar’”.

Aunque Enrique no confesó nada, tres días después, el 22 de mayo, la autoridad ministerial federal ejerció acción penal por el delito de Delincuencia Organizada y solicitó orden de aprehensión por el delito de secuestro, consignándolo, junto con otras nueve personas, en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

Finalmente, el 28 de mayo se le dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada y el 18 de junio por el delito de secuestro.

Desde mayo de 2013, el activista y profesor de Ajedrez se encuentra preso.

México no responde a las recomendaciones de la ONU

El encarcelamiento de Enrique Guerrero, cuyo caso fue documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, es uno de los casos por los que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió al gobierno de México cinco opiniones oficiales, en las que considera que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco personas defensoras de derechos humanos.

Los otros cuatro casos son: el del periodista maya Pedro Canché; el activista oaxaqueño Damián Gallardo Martínez; el abogado defensor de los derechos de los indígenas, Librado Jacinto Baños Rodríguez; y Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero.

A pesar de que las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fueron emitidas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, diferentes organizaciones civiles denunciaron que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto aún no ha dado respuesta oficial a ninguna de las peticiones de la ONU, la cual llega a la conclusión de que estas cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria y sufrieron tortura, por lo que pidió su puesta en libertad inmediata, así como la reparación del daño por parte del Estado.

En este sentido, Yésica Sánchez Maya, del Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Oaxaca, quien participó ayer en la ponencia La detención arbitraria en México: pendientes del Estado mexicano ante la ONU, señaló que a pesar de que Naciones Unidas notificó oficialmente sus cinco recomendaciones al gobierno de Peña Nieto, éste “aún no ha informado a las familias, ni a las organizaciones civiles, ni a la ONU, sobre la recepción de las comunicaciones”.

Por ello, las organizaciones civiles que participaron en el evento, entre las que estaban Artículo 19, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, así como el CDH Fray Victoria, entre otros, instaron al Estado mexicano “para que informe de manera pública del seguimiento que va a dar a estas cinco opiniones” de la ONU.

Asimismo, Yésica Sánchez pidió a la Secretaría de Gobernación que lleve a cabo una mesa de trabajo para establecer “los mecanismos” a partir de los cuales se cumplan con las recomendaciones emitidas en las cinco opiniones de la ONU.

“Un primer paso debe ser la liberación inmediata para quienes siguen en prisión -recalcó Sánchez-. Y en segundo, cumplir con la serie de condiciones que pone la ONU sobre la atención médica adecuada a los presos, garantizar su integridad física, y elaborar los mecanismos adecuados para la reparación del daño por las detenciones arbitrarias y las garantías de no repetición”.

Cabe matizar que de las cinco opiniones emitidas por la ONU, el gobierno mexicano ha dado cumplimiento a dos, a través de la liberación de Nestora Salgado y de Pedro Canché. Sin embargo, las organizaciones subrayan que se cumplió de “manera parcial”, ya que “no ha cesado totalmente la persecución penal en contra de ambos defensores”, y además el gobierno mexicano aún no les repara el daño.

Tan es así, expusieron, que Nestora Salgado se encuentra fuera del país por, como ella mismo expresó mediante una llamada telefónica en el evento, por miedo a ser detenida nuevamente por las autoridades mexicanas.

En México existe un patrón de detenciones arbitrarias contra defensores: OSCs

Por otra parte, las organizaciones civiles denunciaron que en México existe “un patrón” de detenciones arbitrarias de personas defensoras para inhibir la defensa de los derechos humanos.

“Estos cinco casos analizados por la ONU reflejan un patrón, en el que el gobierno mexicano ha generado un proceso y un modelo de actuación, que va desde las actuaciones del ministerio público federal o local, pasando por las detenciones ilegales y arbitrarias, que son el origen de este tipo de arrestos”, expuso Yésica Sánchez, quien además subrayó que estos cinco casos expuestos por la ONU “sólo son paradigmáticos” de un problema “generalizado” en el país.

“Es lamentable que tenga que ser la comunidad internacional la que se pronuncie por la situación de violaciones a derechos humanos en México, mientras aquí no hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni de los órganos estatales o locales de derechos humanos, sobre estos casos. Es lamentable”, criticó la activista del Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Oaxaca.

Estos son los 5 casos por los que la ONU emitió opiniones oficiales al gobierno de México:

1.- Damián Gallardo

Según la opinión 23/2014 del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la detención de Damián se generó como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Su detención fue arbitraria. Los agentes que irrumpieron en su domicilio no mostraron orden de aprehensión ni de cateo. Posterior al violento arresto, el también defensor de la educación pública fue desaparecido, incomunicado y torturado, hasta que se vio obligado a firmar unas hojas en blanco: su legal confesión.

Experto de la ONU piden al gobierno mexicano poner fin a las múltiples violaciones a los derechos humanos en contra del indígena mixe, por medio de la liberación y reparación del daño.

2.- Pedro Canché

Según la opinión 18/2015 de la ONU, la detención y el proceso penal contra Pedro Canché, liberado el 29 de mayo de 2015, son actos represivos por la defensa que ejerce de los derechos humanos de la comunidad maya, a través de su labor periodística.

Además de su liberación, los expertos de la ONU pidieron al gobierno de México compensarlo y brindarle la atención médica adecuada para tratar las secuelas de los abusos físicos que vivió en prisión.

3.- Librado Baños

En la opinión 19/2015, la ONU señala que el arresto, detención y actual procesamiento jurídico de Librado Baños son en represalia a su activa defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Expertos de la ONU piden al gobierno de Peña Nieto que lo libere de inmediato, además de brindar la compensación y el tratamiento médico adecuados. Advierten que su salud está deteriorada por los malos tratos en prisión.

4.- Nestora Salgado

En la opinión 56/2015, la ONU señala que Nestora Salgado sufrió diversas y reitradas violaciones a sus derechos humanos como consecuencia de su lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas. Para los expertos de la ONU, su caso es emblemático del patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos en México.

El 18 de marzo de 2016 fue librada. Pero la ONU apunta que sus derechos no han sido reparados y su criminalización continúa.

5.- Enrique Guerrero

En la opinión 55/2015, la ONU señala que su detención fue violenta y que ésta responde al patrón de criminalización en contra de personas defensoras en México.

Exigen al gobierno mexicano su libertad inmediata.