El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que en los primeros cuatro meses del Gobierno de México fueron liberadas 25 personas, consideradas presos políticos a los que luego de la revisión de su expediente penal, se logró un acuerdo con la autoridad responsable para decretar la libertad.

Como parte de esta política de amnistía propuesta por el presidente de la República, actualmente se revisan 538 expedientes que involucran a 479 hombres y 59 mujeres que han solicitado la intervención federal al acusar que sus derechos han sido vulnerados y por tal se consideran presos políticos, refirió.

"Por supuesto que en esa cifra ni son todos los que están ni están todos los que son, puede variar de manera significa, pero la verdad en muchos casos la gran mayoría se concentra en estados con problema de desarrollo, con problemas de marginación, en comunidades indígenas y en zonas donde hay conflictos permanentes en la disputa por la tierra, por el agua, por los recursos naturales asociados muchos a la explotación”, comentó Encinas.

Estas entidades son Guerrero con 140 casos; Puebla con 71; Estado de México 65; la Ciudad de México tiene 52 expedientes y Oaxaca con 51.

"Estos cinco estados concentran la enorme mayoría de los presos que se consideran de conciencia en los penales del país y vamos a trabajar muy firmemente para que aquellas personas que han sido objeto de acto de abuso de autoridad y que se encuentran indebidamente en prisión puedan obtener su libertad y pueda repararse el daño cometido por la autoridad”, agregó.

 El subsecretario de la SEGOB estuvo acompañado por los presos políticos indígenas de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México que obtuvieron su libertad gracias a un acuerdo con las autoridades del Estado de México, luego de resolverse el recurso de apelación interpuesto por los errores detectados durante el proceso judicial.

Todos ellos habían sido condenados a penas de entre 50 y 55 años de prisión acusados de los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad que habrían cometido contra un empresario español en 2003 durante su defensa al derecho al agua en su comunidad.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal.