Por Tania Casasola/@taniacsa_m para Animal Político 
 
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha faltado una estrategia con perspectiva de género: ha mostrado desconocimiento de programas para mujeres víctimas de violencia, ha evitado pronunciarse en temas como la despenalización del aborto e incluso priorizó el combate a la corrupción sobre los derechos de las mujeres.

Especialistas consultadas aseguran que aunque es difícil hacer un balance de estos primeros 100 días de gobierno, los anuncios sobre estancias infantiles y refugios para mujeres, fueron malas señales que dejaron ver la falta de una visión con perspectiva de género.

Prioriza el tema de la corrupción sobre los derechos

Durante su discurso en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el patio central de Palacio Nacional, el mandatario puso por delante el tema del combate a la corrupción, antes que los derechos de las mujeres.

A las asistentes les pidió unir todas las causas para combatir la corrupción “como asunto prioritario” del país. Se dijo convencido de que sólo así se acabará la desigualdad social y económica, la pobreza, el abandono y la discriminación.

Al respecto, Rebeca Lorea Hernández, abogada en políticas públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala que el tema de la corrupción no está peleado con las problemáticas de las mujeres, pues también las afecta. “Es una lucha que tiene que ir en paralelo. A una mujer también le afecta la corrupción, un ejemplo está en la atención obstétrica de emergencia. De pronto nadie sabe qué pasó con los insumos, por qué no llegaron, si se perdieron en el camino, se los robaron, están retenidos en una bodega, por ejemplo. Tenemos que estar incluidas en estos temas”.

“Estos detallitos son focos rojos y hay que voltear a verlos y tener una recomendación al respecto. Las declaraciones y las acciones del gobierno muestran que hace falta perspectiva de género en todas las decisiones de política pública”, destaca Hernández.

AMLO calla sobre despenalizar el aborto

“Soy dueño de mi silencio”, así es como respondió López Obrador al ser cuestionado sobre su postura en torno a la despenalización del aborto. “Me reservo mi opinión, no quiero tomar partido”, apuntó durante una de sus conferencias matutinas.

Propuso que en temas polémicos las decisiones se tomen a partir de consultas ciudadanas. “Siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia”, sostuvo.

Ante este planteamiento, Lorea Hernández, de GIRE, asevera que la interrupción legal y segura del embarazo es un derecho humano, el cual debe garantizarse, no consultar. “El aborto no es un tema que se pueda poner a discusión pública”.

Afortunadamente, dice, no es una decisión que dependa de él, la discusión más bien está en el ámbito legislativo, en los congresos locales.

Uno de los puntos positivos, destaca tanto GIRE como Simone de Beauvoir, es el balance de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien planteó que, mediante un Código Penal nacional único, el gobierno federal podría procurar la protección de mujeres que interrumpen embarazo y evitar que sean revictimizadas.

Ana Joaquina Ruiz, del Instituto Simone de Beauvoir, dice que sería positivo tener un pronunciamiento más claro del mandatario respecto a la despenalización del aborto. “El presidente debería hacer un alto en el camino e incorporar mucho más la perspectiva de género en su discurso como en sus acciones”.

Las especialistas advirtieron también que las iniciativas de Morena, en especial de la senadora Lilly Tellez para defender el derecho a la vida desde la concepción son “intentos regresivos en materia de derechos reproductivos”.

López Obrador prefiere también evadir el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues no quiere polemizar, pero esto manda un mensaje conservador, coinciden las especialistas.

Plan emergente

El gobierno federal anunció el 6 de marzo una serie de acciones de carácter emergente y alcance nacional para enfrentar la violencia en contra de las mujeres y disminuir la incidencia de delitos como feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia y abusos sexuales, entre otros.

Las especialistas ven positivo que la finalidad del plan emergente reconozca que la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, es un asunto de Estado.

La académica de la UNAM, Verónica López Nájera destacó la propuesta de un Código Penal Único para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo y no ser revictimizadas.

De acuerdo Cecile Lachenal, coordinadora del programa de género de Fundar, aunque ya se anunció un plan contra la violencia hacia las mujeres, éste no es suficiente, pues se desconoce qué diagnóstico se está haciendo, qué datos se están usando. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública no coinciden con los datos de las Fiscalías, por ejemplo.

Apuntó que es urgente definir una metodología para hablar de feminicidio y determinar cuáles son los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. “La violencia no necesariamente es la misma en el Edomex que en Guanajuato, en Baja California o en Guerrero. De esta información se van a derivar las políticas públicas, entonces si tenemos mal la información, pues vamos a enfocar mal la política pública”.

Otra decisión positiva de esta administración, de acuerdo con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, es el programa piloto para trabajadoras del hogar, que implica un salario y la afiliación al IMSS; el aumento al salario mínimo, que, aunque no está atravesado por un discurso de género particularmente, sí beneficia a las mujeres.

A decir de Ivonne Acuña, de la Ibero, el gobierno debe ir más despacio en sus decisiones y confiar más en las organizaciones de la sociedad civil que han hecho muy buen trabajo, y hacer sinergias.

“Entiendo que el presidente quiera centralizar los programas en función de la enorme corrupción que se dio en las administraciones pasadas. Me parece que la política es correcta; sin embargo, creo que El Estado no necesita centralizarlo todo”, destaca.

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