La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, reveló que se presentarán siete querellas, denuncias penales contra 43 grandes empresas factureras que cometieron defraudación fiscal y lavado de dinero.

Buenrostro dijo que eran 8 mil 212 empresas y personas vinculadas, que simularon operaciones por 93 mil millones de pesos, las cuales dejaron de pagar al SAT hasta 55 mil 125 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que estas empresas comparten 244 clientes, personas físicas, y se analizaron 22 millones de facturas.

Además, explicó que el ISR y el IVA no se puede recuperar porque las empresas fantasmas no existen y las personas son prestanombres, por lo que intentarán recuperar más de 19 mil millones de pesos de dichas operaciones.

Relató que a los que comparon las facturas falsas se les enviarán cartas a su buzón tributario para que regularicen la situación y no serán revelados los nombres para respetar su dignidad.

Raquel apuntó que en caso de que no se regularice el contribuyente entonces se tomarán otras acciones porque se dará vista a la Procuraduría Fiscal.

Por otra parte, Carlos Romeros Aranda, procurador fiscal de la Federación, dijo que se presentarán siete querellas contra los principales grupos de factureras por defraudación fiscal y lavado de dinero para equipararlo a la delincuencia organizada.

“Hoy el mensaje que se quiere mandar es que se acabó la fiesta y que las factureras no pueden seguir adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales”, advirtió.

Reveló que las penas pueden alcanzar hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, y explicó que quien compró la factura falsa tiene prisión preventiva oficiosa y puede alcanzar hasta 16 años de prisión.

Buenrostro Sánchez explicó que las empresas factureras son aquellas que facturan operaciones simuladas, inexistentes para aumentar gastos falsos a fine de que paguen menos impuestos. 

Añadió que estas operaciones se realizan para pagar actividades ilícitas ya que simula el pago de un servicio cuando en realidad se paga una extorsión o envío de drogas e incluso un soborno a servidores públicos.

Puntualizó que este tipo de empresas no paga contribuciones, es difícil de ubicar debido a que dan direcciones en lotes baldíos, y  no tienen empleados. Asimismo, dijo que dichas empresas operaban en sectores como comercio y construcción, además que ahora también emiten facturas de servicio, lo que es difícil de comprobar.