La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quieren que a partir de 2020 los asesores “revelen” al gobierno federal información relacionada con los planes fiscales de sus clientes, una propuesta que expertos califican como “inquisitiva”, generadora de incertidumbre entre contribuyentes y asesores, y violatoria del derecho de secreto profesional.

Como parte del Paquete Económico 2020, Hacienda propuso adicionar en el Código Fiscal de la Federación (CCF) el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables, el cual consiste en un nuevo régimen que proporcionará información sobre temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo.

“El acceso oportuno a esa información permite que las autoridades fiscales respondan de forma rápida a los riesgos fiscales”, señaló.

Se plantea que Hacienda y el SAT integrarán un Comité que tendrá un plazo máximo de 8 meses para validar o invalidar las planeaciones fiscales.

Asimismo, el SAT tendrá una nueva atribución relacionada con la creación de un registro de asesores fiscales con el fin de mantener un control y verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

Expertos consideraron que tanto Hacienda como el SAT “se están yendo en contra” de los asesores fiscales pidiéndoles que cualquier consejo o planeación que les ofrezcan a sus clientes primero se los digan a las autoridades fiscales.

Inquisición fiscal: Coparmex

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que si los diputados aprueban la propuesta, el SAT se convertirá en una especie de juzgado que declarará como legales o no las prácticas que recomienden los asesores fiscales a sus clientes.

Indicó que el nuevo esquema viola el principio del secreto profesional y del derecho a la intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y asesores —en este caso asesores fiscales—, quienes acceden a datos e información del orden privado y que deben mantener en secrecía para proteger las actividades de sus clientes.

“Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo cuando estos decidan realizar la planificación fiscal internamente”, alertó.

Ven incertidumbre

Florentino Bautista, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó que el gremio apoya las medidas para combatir la evasión y elusión fiscal que se dan vía las planeaciones agresivas, sin embargo, apuntó que la iniciativa no hace una diferencia entre buenos asesores y los “pseudo” asesores, lo que genera incertidumbre.

“El asesor fiscal también es el que verifica el cumplimiento fiscal de los contribuyentes, verifica si se determinan bien los impuestos. Esperamos que el legislador considere en su análisis la secrecía profesional, la confidencialidad, y que hay asesores que se conducen bajo un código profesional”, apuntó.

Mirna Meillón, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), cuestionó que planeación fiscal no es igual a defraudación, conceptos que parecen ser similares para la autoridad en su propuesta, “los asesores hacen planeaciones conforme a un marco legal, pero eso no tendría que ser equiparable a defraudación”.