La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente en abril pasado en el Senado, como una medida para despresurizar los penales del país ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha liberado hasta ahora a ninguna persona presa, pese a que ya transcurrieron más de cinco meses de su publicación, y a que hay más de 400 solicitudes presentadas para acceder a ella.

Mientras tanto el problema de la sobrepoblación en las cárceles sigue creciendo. La cifra de personas privadas de su libertad se ha elevado en más de 10 mil de enero a agosto de 2020 y ya alcanza su punto más alto de los últimos tres años. Además, con la llegada de la pandemia, la cantidad de personas muertas en las cárceles del país se ha triplicado.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, arrojan que hasta al cierre de agosto pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió  formalmente 420 solicitudes de personas recluidas en penales federales para acceder a una posible amnistía.

Sin embargo, la comisión responsable de atender dichas solicitudes reportó que aun no se concede ningún beneficio, y añadió que el plazo para que las primeras peticiones se resuelvan podría extenderse hasta diciembre.

Lo anterior se debe al entramado de pasos y requisitos que se ha tenido que cumplir tras la aprobación al vapor de la Ley de Amnistía en la Cámara Alta el pasado 20 de abril, luego de que los legisladores rescataron la iniciativa que estaba congelada desde 2019.

Solo la pandemia provocó que las cosas se aceleraran. La preocupación de que el virus se propagara en los centros penitenciarios debido a la alta concentración de personas llevó al Senado a rescatar la iniciativa, votarla y aprobarla de forma exprés. Dos días más tarde se publicó en el Diario Oficial de la federación.

Pero para recibir las solicitudes de amnistía y procesarlas la ley contemplaba la creación de una comisión que tardó mas de dos meses en ponerse en marcha. Problemas burocráticos y de presupuesto complicaron que su arranque fuera más rápido.

Finalmente, el 18 de junio se instaló la Comisión de Amnistía cuya labor inicial era diseñar y aprobar los lineamientos para la atención de las solicitudes, procedimiento que tomó otros dos meses hasta que finalmente se publicaron el 19 de agosto en el Diario Oficial.

En la respuesta a la solicitud de transparencia presentada por Animal Político, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob recordó que la Ley de Amnistía contempla un plazo de cuatro meses como máximo para dar respuesta a una solicitud de amnistía, pero aclaró que aun cuando existieran peticiones previas dicho plazo solo comenzó a correr a partir de que se publicaron los lineamientos.

Lo anterior significa que el plazo para resolver las primeras 420 solicitudes que fueron debidamente presentadas vence hasta el próximo 19 de diciembre.

¿Y en los estados? Peor… lee la nota completa en Animal Político