Durante años ha estado en boga una corriente administrativa que se conoce como gobernanza, la cual propugna, entre otras cosas, que cuando la ciudadanía y los organismos públicos combinan sus recursos y conocimientos se puede dar mejor respuesta a los problemas públicos y, por ende, se puede tener una administración más efectiva.

La colaboración entre autoridades y ciudadanos a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado, demuestra que al menos en situaciones de emergencia, dicho postulado del enfoque de gobernanza podría tener sentido. Ya que es complicado argumentar que, si los ciudadanos de todo México no hubieran respondido de la forma en que lo hicieron, los diferentes gobiernos hubieran sido capaces de enfrentar el problema con tanta celeridad.

No se trata de criticar la actuación del Gobierno, aunque sin duda hubo muchos funcionarios de primer nivel que dejaron mucho a deber, sino más bien reconocer que la acción del gobierno y los ciudadanos fue complementaria en este caso. Y el trabajo en conjunto hizo que se tuviera mejor respuesta ante la catástrofe. 

Es difícil negar que los primeros que llegaron a los derrumbes fueron ciudadanos, también que los primeros rescates se dieron por los propios ciudadanos y la primera ayuda que llegó a los afectados fue la recolectada por particulares, tampoco se puede obviar el hecho que hasta el momento la mayor parte de la ayuda ha provenido de actores privados. Sin embargo, también es justo reconocer que muchas de las acciones más sofisticadas de rescate estuvieron a cargo del personal del ejército y la marina, así como de funcionarios comprometidos de muchas dependencias. 

De hecho, se dio un raro fenómeno en donde en algunos casos, ciudadanos estuvieron coordinando esfuerzos de las autoridades, ya sea en los puntos de rescate o en los centros de acopio, lo cual encajaría perfecto con la lógica horizontal de cooperación entre autoridades y ciudadanos que propugna el enfoque de gobernanza, en la cual se desdibuja la estructura tradicional de la administración, para dar paso a un esquema en donde se toman decisiones con base en la experiencia y las habilidades de los actores que participan en la resolución de los problemas públicos.

Debido a lo anterior, una de las lecciones que nos deja el sismo es la importancia de potenciar la participación ciudadana en todos los ámbitos públicos, sobre todo en aquellos donde existe una importante motivación de los ciudadanos o en donde agentes privados tienen mucha experiencia que aportar.

El sismo de 1985 fue un parteaguas en materia de participación ciudadana, porque significó el involucramiento de muchos grupos sociales en la discusión de los asuntos públicos y la formación de decenas de organizaciones de la sociedad civil. Por ello, es importante que como país busquemos la forma de potenciar el crecimiento de la sociedad civil organizada, lo cual sin duda requerirá de una apertura por parte de las autoridades y de un cambio en su relación con los propios ciudadanos.