Con el respaldo de sectores empresariales, políticos y sociales, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista lanzaron una suerte de ultimátum al Gobierno Federal, al advertir que de no haber diálogo y respuesta a sus demandas de mayores recursos, su lucha legal podría ser el inicio del rompimiento del Pacto Federal.

En Saltillo, el evento “Cerrando filas por Coahuila” reunió a alcaldes, legisladores, a la iniciativa privada, a representantes de universidades y de la comunidad científica, deportistas, organizaciones ambientalistas y a madres y padres de niños con cáncer, entre otros grupos afectados por los recortes implementados por la 4T.

“Señor Presidente, no son los neoliberales ni los conservadores, los que usted asume que gritan en cada entidad federativa. En Coahuila somos todos, en unidad y con respeto (…) todas y todos con su presencia en este recinto manifiestan su compromiso de apoyo”, expuso el gobernador Miguel Riquelme.

Simultáneamente, los otros nueve mandatarios (de Nuevo León, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato) encabezaron actos similares, en los que reprocharon la falta de disposición de la administración de Andrés Manuel López Obrador para construir acuerdos.

“Ningún estado que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el Gobierno nos ignora, nos ataca”, señaló Enrique Alfaro, de Jalisco.

“Si el Presidente sigue sin escuchar los reclamos ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con esta República”, apuntó Jaime Rodríguez, de NL.

 “Si no hay diálogo y respuestas claras, estamos preparados para emprender la batalla legal y política. Nuestra lucha podrá ser el inicio del rompimiento del pacto federal con graves consecuencias para el país”, advirtió Riquelme.

‘QUE SE CASTIGUE A CULPABLES’

Sobre la desaparición de los fideicomisos, los gobernadores afirmaron que la decisión representa una agresión en contra del federalismo.

“Estamos de acuerdo que si se hizo mal uso de cualquier fideicomiso se castigue a los culpables, y que se pongan nuevas reglas para su transparencia y operación. Sin lugar a dudas debe haber fideicomisos obsoletos, o hasta mal empleados, pero solo a partir de un análisis con los actores políticos y sociales sería posible establecer cuáles realmente pudieran desaparecer”, dijo Riquelme.