Amparado en el fuero como diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador electo de San Luis Potosí, ha logrado eludir acusaciones de defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior.

Se solicitó una orden de aprehensión contra Gallardo, por presunta defraudación fiscal, en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, por la entonces Procuraduría General de la República.

De acuerdo con Reforma, al militante del PVEM, en el año fiscal 2012, le imputaron un fraude de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta cantidad, según la PGR, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulables por 25 millones 204 mil 103 pesos y sólo declaró 1 millón 742 mil 259 pesos.

Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí citó a una audiencia de imputación el 8 de marzo de 2018 a la que Gallardo Cardona no se presentó alegando estar enfermo de influenza, por lo que fue reprogramada.

Una nueva audiencia de imputación programada para abril de 2018 fue suspendida porque la PGR informó al juez que ahora sí estaba dispuesta a sentarse con Gallardo para negociar un acuerdo reparatorio. Esta negociación no rindió frutos, pero durante el tiempo en que se llevó a cabo Gallardo Cardona logró la postulación como diputado federal con el PRD y consiguió el fuero.

La nueva administración ya no buscó su desafuero y en septiembre de 2019 la SEIDO archivó la indagatoria, al haber prescrito el plazo para perseguir el delito.

En 2020, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación contra Gallardo Cardona por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente para continuar con una de las indagatorias y la turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, antes conocida como SEIDO.