Por Andrea Vega para Animal Político

Cuatro años después de puesta en marcha la reforma educativa, un primer corte de caja reporta opacidad en el gasto, planes de estudio excluyentes y mala formación de profesores, de acuerdo con un estudio de la organización Mexicanos Primero.

“La opacidad sigue caracterizando al sistema educativo, ante la falta de transparencia sobre el uso de recursos para mejorar la infraestructura escolar, la compra de equipamiento tecnológico o, más recientemente, la reconstrucción de las más de 16,000 escuelas dañadas en los temblores de septiembre 2017”, indica la investigación.

El documento señala que los dos programas estrellas para atender las deficiencias en infraestructura escolar detectadas por el Censo de Escuelas, Maestros, y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) a finales de 2013, el Programa de la Reforma Educativa (PRE) y el Programa Escuelas al CIEN (ECIEN), han invertido hasta la fecha poco más de 35 mil millones de pesos, pero este dinero no fue a dar a las escuelas con los mayores rezagos de infraestructura educativa del país ni se atendieron las necesidades físicas más urgentes.

Con base en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, los investigadores de Mexicanos Primero encontraron que “El PRE no identificó con precisión a las escuelas más necesitadas como población objetivo debido a que no especificó el grado de carencias físicas de las escuelas por atender. Tampoco se cercioró de que las obras de infraestructura y equipamiento llevadas a cabo por las escuelas atendieran las necesidades físicas más importantes que fueron identificadas a través del Censo de Escuelas.

“La información disponible del Programa Escuelas al Cien tampoco permite afirmar que los recursos de este programa hayan atendido a las escuelas con mayores rezagos de infraestructura, ni que una vez seleccionada una escuela, en ésta se hayan resuelto los problemas de infraestructura y equipamiento más urgentes. Esto se debe a que no se han transparentado las metodologías que se utilizan para realizar el diagnóstico y la ponderación de infraestructura educativa que sirven de insumo para la selección de escuelas beneficiarias y a que no se especifican mecanismos que aseguren que las necesidades materiales más urgentes sean atendidas primero, además de que no se detalla qué mejoras hace 34 % de las escuelas beneficiarias”, indica al investigación.

También reporta duplicidad de atención por parte de estos programas, toda vez que más de 1,500 escuelas públicas de educación básica han recibido apoyo del Programa Reforma Educativa y de Escuelas al Cien, aunque sólo 21 % de éstas ha sido beneficiaria de ambos programas al mismo tiempo.

“La falta de una focalización adecuada y transparente que asegure que los apoyos lleguen a las escuelas donde más se requiere, de orientación para que los recursos sean invertidos en lo que más se necesita, así como la duplicidad de programas, han limitado la contribución de los programas de infraestructura a la creación de una infraestructura incluyente, adecuada, de calidad y segura para todas las niñas y niños en México”, señala.

Que la atención a las necesidades de infraestructura identificadas haya sido hasta ahora marginal atenta directamente contra el objetivo de que “cada escuela sea accesible y que cuente con las condiciones mínimas de construcción, agua y saneamiento” para que, como han demostrados distintos estudios, impacte positivamente en el logro educativo de los estudiantes, indica la investigación.

A esto hay que agregar los daños registrados a más de 16 mil escuelas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, de las cuáles no se sabe qué ha sucedido con más de la mitad.

De acuerdo con información oficial de la SEP, al 15 de diciembre de 2017 el 64.7 % de las escuelas dañadas ya estaba en operación, 14.6 % no había vuelto a operar dentro de sus instalaciones y del 20.7 % no se reportaba el estado de operación. De las 1,197 escuelas que reportaban no estar en operación, se informó que los alumnos de 128 de ellas habían sido reubicados en otras escuelas, mientras que 70 escuelas estaban impartiendo clases en 367 aulas provisionales y 336 escuelas reportaban no estar en operación por no contar con aulas provisionales y no poder reubicar a sus más de 123,000 alumnos en otras escuelas.

“Aún cuando la información publicada por la SEP en octubre y diciembre de 2017 muestra que todavía se desconoce la situación educativa de más de dos millones de niñas, niños y jóvenes de las 9,649 escuelas sin información completa, la SEP emitió un comunicado el 15 de diciembre de 2017 en el cual “informa que prácticamente el 100 por ciento de los estudiantes de las escuelas dañadas han regresado a clases” (SEP, 2017a), lo que evidencia su falta de transparencia para revelar qué es lo que ha sucedido con las niñas, niños y jóvenes cuyas escuelas fueron dañadas por los sismos y si a tod@s se les ha restituido su derecho a la educación reincorporándolos a clases”, resalta el estudio.

A esta falta de transparencia por parte de la SEP se suma también la falta de transparencia sobre el financiamiento usado para reparar y reconstruir las escuelas dañadas.

La investigación señala que la dependencia anunció en octubre de 2017 “que la reparación de los daños a la infraestructura educativa costaría alrededor de 20 mil millones de pesos, los cuales se obtendrían del pago de las aseguradoras y de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del PRE y de ECIEN. Sin embargo, ni la SEP ni el INIFED han explicado si la transferencia de recursos del PRE y de ECIEN a la reconstrucción implicará que las escuelas previamente beneficiadas o programadas como beneficiarias de estos programas pierdan los recursos, ni han hecho del conocimiento público qué reparaciones se han hecho a las escuelas dañadas ni cuánto han costado dichas reparaciones”.

“La falta de compromiso para asegurar que las niñas, niños y jóvenes regresen a la escuela lo más rápido posible para que se reincorporen a su vida normal y no pierdan el año escolar, así como la falta de transparencia en cuanto a qué ha pasado con todos los millones de NNJ cuyo proceso educativo fue interrumpido por los sismos y sobre el uso de los recursos para la reconstrucción por parte de la SEP y el INIFED, revelan que el Estado mexicano aún tiene una importante tarea por delante para garantizar que todas las NNJ tengan educación de calidad a pesar de los distintos desastres naturales que acontezcan”.

Planes de estudio excluyentes

El informe también advierte que el diseño de los modelos educativos sigue sin considerar la participación continua de las y los alumnos en la definición de lo que se va a aprender en las escuelas, como exige la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ni considera planteamientos para aprendizajes diversos que atiendan desigualdades ni pongan el foco en la inclusión, como por ejemplo elaborar estrategias que aseguren que los estudiantes en escuelas indígenas o para migrantes puedan aprender de manera más pertinente, o planes definidos para ser incluyentes con estudiantes que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación.

“Para que un currículum sea incluyente debe considerar obligatoriamente la voz de los niños y niñas, y así asegurar que aprendan lo que quieren y necesitan. Las innovaciones del nuevo plan de estudios no lograrán un aprendizaje pertinente y relevante a menos de que se corrija esta exclusión”, puntualiza el documento.

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