En el país, 417 mineras gastan cada año 436.6 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para satisfacer el consumo anual de 3 millones 229 mil personas, casi una cuarta parte de quienes carecen del líquido en sus viviendas, reportó una investigación de Manuel Llano de Carto.

Esta información, obtenida con base en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que dichas empresas están integradas en 230 grupos, cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento de este recurso que amparan ese volumen anual.

Destaca que en el país hay 13.8 millones de personas que carecen de agua en la vivienda; además, en el norte del país, donde hay mayor escasez, se da la actividad minera más grande y se utiliza más el líquido, por lo que la mitad del agua destinada a la minería se gasta en Sonora: 107.9 millones de metros cúbicos al año; en Zacatecas, 55.8 millones, y en Michoacán 44.4 millones.

Derecho constitucional

En un reporte de su investigación, divulgado por Fundación Heinrich Böll, Llano indica que los 437 millones de metros cúbicos alcanzan para cubrir las necesidades de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. Además, agua está considerada un derecho humano en la Constitución.

Apunta que la minería está entre las actividades industriales que provocan más impacto al medio ambiente. El agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el beneficio y la transformación de minerales, debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación.

También es una de las industrias más intensivas en el consumo del recurso, pues afecta tanto su disponibilidad como su calidad. El impacto, señala, debe considerarse en tres dimensiones: alto consumo, contaminación y destrucción de las fuentes de agua. Explica que tan sólo durante 2014 cada segundo del año se extrajeron en todo el país 6 millones 766 mil 877 litros, según los datos del Repda.

Destaca que la información pública sobre el sector minero mexicano es prácticamente inexistente, incluso acceder a datos del catastro respectivo (concesiones) estaba sujeto al pago de derechos exorbitantes, ya que la Secretaría de Economía pretendía cobrar más de 7 millones de pesos para dar acceso a esta información a escala nacional.

Lo mismo sucede con los estudios de geoquímica de sedimentos de arroyo (indicador indirecto de potencial minero) que elabora el Servicio Geológico Mexicano, los cuales cuestan alrededor de 17 millones de pesos. Esta situación genera una asimetría en el acceso a la información pública, entre quienes sí pueden conocerla, los empresarios, y quiénes no, los dueños de la tierra y la sociedad en general.

Destaca que la Secretaría de Economía no reporta y mantiene reservada la información desagregada sobre cuántos minerales extrae cada empresa por proyecto minero, así como cuántos impuestos paga por este concepto.