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Gasolineros piden liberar precios en todo el país en 2017
El sector gasolinero pidió a diputados que la liberación del precio de las gasolinas a partir de 2017 se instrumente de manera total en el país, y no sólo por regiones, pues esto puede provocar distorsiones en el mercado e incertidumbre sobre los precios.
El director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Carlos Femat Romero, calificó como positiva la iniciativa del Ejecutivo de adelantar de forma gradual la liberalización de precios de los combustibles a partir de 2017 en diversas regiones del país, es decir, un año antes de lo previsto.
En audiencia pública con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre la propuesta de paquete económico 2017, estimó que adelantar la liberalización de precios de los combustibles fomentará una mayor competencia e inversiones en el mercado energético.
Sin embargo, precisó, hacerlo sólo en aquellas regiones donde hay más competencia también traerá retos que hay que afinar, como conocer con anticipación cómo se determinarán las zonas en donde existirán precios libres y cuáles tendrán precios máximos por no existir condiciones de competencia.
“Consideramos que la liberalización de precios, idealmente debería instrumentarse de manera total, es decir, que se busque una liberalización sin regiones”, planteó el representante de las 11 mil 500 estaciones de servicio agremiadas a la Onexpo.
Si sólo se lleva a cabo en forma gradual en algunas regiones, alertó, dificultaría la toma de decisiones contractuales y comerciales, lo que afectaría la operación de las estaciones de servicio y, por ende, las decisiones de los consumidores.
Además, dijo Femat Romero, si se mantienen las actuales variables que determinan el precio, como impuestos, costos de logística y almacenamiento, y el tipo de cambio, es probable que el mercado defina precios superiores a los actuales.
Por ello, como parte de la discusión del paquete económico 2017, la Onexpo pidió a los diputados de la Comisión de Hacienda establecer una regulación más clara que otorgue certidumbre jurídica, antes de avanzar a un nuevo modelo en el que será el mercado el que fije los precios con base en la oferta y la demanda.