Como toda libre manifestación, las protestas en contra del aumento en los precios de las gasolinas deben ser respetadas. Ese derecho no está a discusión. Pero las actuales circunstancias no deben dar margen a la ingenuidad.

A la sombra de reclamos ciudadanos legítimos y espontáneos puede vislumbrarse la incubación de movimientos con intereses particulares que sólo aspiran a capitalizar la inconformidad social para sus propios fines.

De una naturaleza es la protesta ciudadana frente a lo que considera un agravio y de otra distinta el eventual aprovechamiento de algunos grupos para llevar los acontecimientos al terreno de la inestabilidad.

Es probable que los ciudadanos inconformes encuentren en el aumento de los precios de la energía una válvula de escape que dé salida a su hartazgo frente la violencia, la corrupción y la impunidad, pero difícilmente esto los conduciría a amagar con incendiar gasolineras, colocar barricadas para impedir el desplazamiento de los cuerpos de seguridad, realizar retención y ordeña de pipas o intentar saquear estaciones de servicio, todo lo cual empieza a ocurrir.

También comienza a suceder en ciertos casos que algunas personas vayan encapuchadas. ¿Por qué tendrían que hacerlo si sólo estuvieran expresando su desacuerdo?

A diferencia de la protesta legítima, muchos de los hechos que estamos viendo son alentados por intereses a los que beneficia la prolongación o la profundización de conflictos.

Por ello la ciudadanía debe estar atenta a distinguir entre las manifestaciones de inconformidad y los actos delictivos que algunos están realizando y que ponen en riesgo la paz pública e incluso la integridad física de los manifestantes.

Y debe estar atenta también a no dejarse llevar por la ola de mensajes que con grave irresponsabilidad propagan supuestos hechos presentes o inminentes, tiroteos inexistentes, amenazas ficticias, rumores que tienen el criminal propósito de generar un entorno de pánico y nerviosismo social.

A la autoridad corresponde una actuación cuidadosa para no afectar el derecho a la libre manifestación y a la vez sí contener a quienes al amparo de las circunstancias pretenden proyectar inestabilidad e ingobernabilidad mediante acciones provocadoras o francamente delictivas.

Al mismo tiempo, el Estado debe hacer un esfuerzo eficaz para contener dos conductas delictivas que desde hace tiempo afectan la economía familiar y la nacional, esto es, la alteración de equipos de algunas gasolineras para robar a los consumidores, y la ordeña de ductos por parte del crimen organizado, cuyo monto representa miles de millones de pesos cada año, según lo ha reconocido Pemex.

Estos dos delitos nada tienen que ver con el movimiento social de protesta, pero sí, además de otras afectaciones, inciden en el hartazgo social respecto de la impunidad y contribuyen a la crispación colectiva.

La autoridad debe contar con un plan integral que distienda la situación actual, lo que incluye difundir información clara sobre la razón de los incrementos y de los beneficios a mediano plazo de la liberación de los precios, y a la vez otorgar plenas garantías a la libre manifestación ciudadana y ejecutar acciones contundentes en contra de hechos delictivos.

Se trata de cruzar exitosamente un río turbulento en beneficio de la paz pública y de la imprescindible estabilidad que se requiere para llevar a buen puerto este difícil momento. Gobierno y ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad para lograrlo. A todas luces, es mejor y más viable conservar la tranquilidad social de que ahora gozamos en lugar de, una vez alterada, intentar restaurarla.

Twitter: @mfarahg