¿Qué entiende hoy un trabajador o trabajadora si le preguntan sobre sus prestaciones laborales? Lo primero que se viene a la cabeza son las vacaciones, el aguinaldo, el seguro o con suerte, un bono de puntualidad.

¿Qué vendrá a la cabeza de alguien que tiene de facto cerca de 22 prestaciones? Habría que preguntarle al Presidente, a su gabinete, a los 500 diputados y a los 128 senadores.

El número de prestaciones laborales de los principales funcionarios públicos de México se ha mantenido con el paso de los años, mientras que los trabajadores han tenido que soportar los cambios a las leyes laborales que esa misma cúpula se ha encargado de elaborar, promover y aplicar: los gobiernos del PAN se fueron contra la seguridad social, el de Peña Nieto no logró acabar con el yugo de pobreza que significa hoy el salario mínimo.

La Unidad de Datos de SinEmbargo realizó la contabilidad de las prestaciones que los funcionarios públicos tienen frente a las de un trabajador común y las realidades parecen ser de mundos diferentes: los primeros pueden tener cada uno 21 prestaciones, el resto, o como lo definen académicos: “los generadores de la riqueza”, tienen siete en promedio y no tienen comparación en términos de montos económicos y beneficios sociales.

Por Efrén Flores, Daniela Barragán y Linaloe R. Flores para SinEmbargo

Ciudad de México.– Roberto García tiene hoy 80 años. Hace cinco logró obtener su pensión, luego de 25 años de trabajar como carpintero. Dejó de trabajar porque el cuerpo ya no le dio para más. A pesar de que, desde años antes, el cansancio y dolores en piernas y brazos le pedían reposo, pero la necesidad de tener un salario siempre fue mayor. Luego de meses enteros de hacer trámites y más trámites obtuvo su retiro. Hoy vive con su esposa de la misma edad, con 2 mil 400 pesos mensuales.

Del otro lado de la mesa está el Senador Javier Lozano Alarcón, quien antes de ocupar ese puesto fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la administración de Felipe Calderón. En ese puesto creó y dejó como herencia a los mexicanos la Reforma Laboral.

A diferencia de Roberto, el Senador Lozano Alarcón tendrá poca preocupación cuando se retire, ya que entre las 21 prestaciones que goza por derecho [seguro de separación, seguro colectivo de retiro, además  hace aportaciones a su seguridad social, tiene un pago por riesgos, potenció su seguro de vida, tiene algo que se llama “ahorro solidario”] y con todas las facilidades que se le otorgan –como primas vacacionales, celular, ayuda para despensa, prima quinquenal, apoyo económico para comprarse un auto–, puede gozar de su salario íntegro de 2 millones 796 mil 810 pesos y puede ahorrar; entonces la pensión parece un asunto solucionado.

Así, la realidad del señor Roberto y la del Senador Lozano,son drásticamente diferentes. Será lo mismo si se compara la de un joven de 25 años que no sabrá nunca qué es recibir utilidades porque está contratado por outsourcing, frente a la del Presidente Enrique Peña Nieto, quien puede presumir su seguro institucional por 8.2 millones de pesos o los 5 mil pesos que se le dan para cubrir sus gastos de alimentación.

En entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del ámbito laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describe que el tema de las prestaciones sociales hacen un contraste de negro a blanco si se habla de la clase gubernamental y la trabajadora. En la primera hay una paraíso laboral con una lista en la que está asegurada la salud, el bienestar y el futuro. En la segunda sólo hay incertidumbre, iniquidad y más pobreza.

Observador del desempeño de los sindicatos mexicanos y la política laboral, Bouzas Ortiz expone que después de la Reforma Laboral promulgada en 2012, “los trabajadores afiliados al IMSS están con un salario mínimo, lo que repercutirá en una jubilación mínima, en tanto que los del ISSSTE tienen un tope de 20 salarios mínimos. No hubo defensa. Los trabajadores tuvieron que aceptar que se les diera de alta con un salario muy diferente a lo que perciben, y los del Estado burocrático con un tope”.

Pero esa situación –según Bouzas– afecta sólo a los trabajadores. Los Gobernantes quedaron protegidos y lejanos a las circunstancias en las que quedaron millones de trabajadores.

“Fue un cambio histórico [la Reforma Laboral] que dio al traste con batallas emblemáticas y cuyos resultados óptimos aún parecen estar lejanos”, plantea el investigador.

Por su parte, José Manuel Cervantes Bravo, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, explica que aunque estas diferencias rayan ya en los terrenos de la injusticia, la inequidad está dentro del marco de la Ley, ya que mientras la Constitución establece derechos mínimos, se quedan mínimos para los trabajadores porque es lo que se logra negociar con la figura patronal.

Pero por el otro lado, los funcionarios se encargan de asignarse a ellos mismos sus salarios y sus prestaciones; no las negocian con nadie y además, deciden ponerse bonos. Explicó que las mínimas prestaciones han sido las de siempre, desde la Ley de 1931, desde la reforma de 1970 y la Ley que se hizo con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y son prestaciones a las que la mayoría de los mexicanos está acostumbrado de manera muy natural: aguinaldo y vacaciones.

“Los funcionarios pueden justificar sus prestaciones legalmente al decir que la Constitución establece mínimos y que todo hacia arriba es legal, ¿pero un trabajador qué puede lograr? Un bono de puntualidad, uno de asistencia, pero no más. Ellos, por el contrario, tienen hasta prestaciones por eficiencia en el trabajo, ¿quién decide si se lo ganan o no? Para ellos no hay un sistema de medición: todos ellos trabajan, todos son chambeadores, son productivos y son un bien para la Nación”, comentó.

En uno de sus ensayos, el doctor Arturo Fernández Arras, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que los derechos laborales no se reducen a una simple obligación del estado, sino que también involucran a los particulares. Desde su perspectiva, son los derechos laborales los que regulan la actividad privada entre patrón y trabajadores por la desigualdad que esa relación guarda al interior.

En esa relación, el Estado interviene con una regulación, aunque en teoría, su carácter tutelar es en favor de los trabajadores y como ejemplo está el acceso a los servicios de salud, los derechos a huelga y la libertad sindical.

Lee la nota completa en Sinembargo