Funcionario de Baja California obtiene contratos millonarios al margen de la ley

Por: Isabel Mercado/Newsweek Baja California

En pleno inicio de la pandemia por COVID19, el gobierno de Baja California adjudicó un contrato millonario a Jorge Luis Bribiesca Alcolea, funcionario del gabinete de Jaime Bonilla Valdez.

A través del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud), aprobó un convenio múltiple para que el servicio de alimentos de tres hospitales fuera otorgado por adjudicación directa a Brava Gastroindustria, empresa con solo un año de experiencia en el servicio de alimentación en hospitales, que no cuenta con registro como proveedor y tiene diferentes direcciones fiscales.

Esta firma pertenece a Bribiesca Alcolea, político joven, quien hasta octubre de 2020 fue subsecretario de administración de Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California con Jaime Bonilla.

Para dejar en manos del también ex diputado la proveeduría de alimentos en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y Hospital General de Playas de Rosarito, autoridades de Isesalud ignoraron el interés de otros proveedores interesados en otorgar ese servicio.

Por el contrato No. Isesalud-Servicio-Alimentación-Personas-HGPR-HGTE-HMI-275/2020, vigente de abril a diciembre de 2020, el funcionario facturó 9.1 millones de pesos, al tiempo que cobró un sueldo de 41 mil pesos como subsecretario de administración de Oficialía Mayor.

El contrato de 2020 no fue el primero asignado por el gobierno de Baja California a Bribiesca. En 2019, cuando era diputado local, entró a la lista de proveedores del estado; ese año logró firmar un acuerdo de 4 millones 299 mil 914 pesos por el servicio de alimentación para el Hospital Materno Infantil de Mexicali y al menos durante 10 meses del 2020 cobró como funcionario de Oficialía Mayor y como proveedor de Isesalud, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Este acuerdo, al igual que el primero que obtuvo con Isesalud en 2019, fueron otorgados mediante adjudicación directa, es decir, un método en el que el proveedor es seleccionado sin tener que participar en ningún tipo de concurso.

Se buscó en reiteradas ocasiones a José Luis Bribiesca Alcolea para preguntarle sobre este contrato múltiple, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no estuvo disponible para una entrevista.

Cotizaciones a modo

En marzo de 2020, el Isesalud publicó en su portal una convocatoria inusual: una contratación para brindar el servicio de alimentación de personas del Hospital Materno Infantil de Mexicali, el Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito. Esta sería una proveeduría conjunta que incluiría a las tres unidades médicas. Alrededor de 20 días después, José Luis Bribiesca Alcolea, entonces Asesor de Enlace y Seguimiento de Oficial Mayor de Gobierno de Baja California, obtuvo ese único contrato múltiple que adjudicó el organismo de salud. 

Reynaldo Zavala suministró alimentos en el Hospital General de Tecate durante 2019 y el primer trimestre de 2020, pero cuando leyó la nueva convocatoria su interés de continuar con el servicio se vino abajo. Sus recursos no eran suficientes para surtir a tres hospitales. “Es como una traba que te tengan que obligar a que lo des a los tres -el servicio de alimentación-, es para decir no le entro(sic) [...] Yo dije debe ser para alguien que tenga la manera -la adjudicación del contrato-, que haya ahí cierto arreglo (sic)”, aseguró Zavala.

A pesar de ser una adjudicación directa, el Isesalud tenía que acreditar en el estudio de mercado la imparcialidad en el procedimiento de contratación, como lo establece el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Además de la empresa propiedad de Bribiesca, la secretaría que encabeza Alonso Pérez Rico solicitó cotizaciones a otras tres empresas, todas asentadas en Mexicali y sin experiencia en la proveeduría de alimentos a hospitales, de acuerdo con entrevistas hechas a las demás firmas.

Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, fue quien firmó las solicitudes enviadas vía correo electrónico a: José Luis Bribiesca Alcolea (Brava Gastroindustria); Salones y jardines Arroyo Hondo, S.A. de C.V. (Restaurante Rancho Arroyo Hondo); Oroval, S.A. de C.V. (Restaurante Pancake House); y Mr. Pampas Mexicali, S.A. de C.V, según consta en las cotizaciones realizadas por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, obtenidas vía solicitud de Transparencia.

El primero en recibir la solicitud fue José Luis Bribiesca Alcolea. El documento llegó a su email el 18 de marzo de 2020, mientras que al resto de los posibles prestadores se les informó a finales de ese mes. Dos de ellos recibieron la notificación hasta la tarde del domingo 29 de marzo. De los cuatro proveedores, solo Bribiesca envió una cotización, de acuerdo con la información encontrada en la investigación de mercado presentada por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, a cargo de Miguel Ángel Marín Cardone.

El resto de las empresas nunca tuvieron oportunidad. “La prioridad de este negocio es la atención directa en restaurantes, no en hospitales. No teníamos experiencia en la elaboración de alimentos especializados para hospitales, por eso no atendimos la invitación”, explicó Alejandro Mendoza, encargado operativo de Pancake House, uno de los negocios convocados.

Para otros, la decisión de Isesalud estaba clara desde antes de mandar los correos de invitación. “Al mostrar interés por la convocatoria, las mismas autoridades de salud nos informaron que el contrato se otorgaría por adjudicación directa a un proveedor que ya había sido designado”, aseguró otro de los proveedores que ya había prestado el servicio con el que se quedó Bribiesca y que pidió se reservara su identidad.

La decisión del Instituto de otorgarle a Bribiesca un contrato millonario mediante el proceso de adjudicación directa por excepción se basó en el decreto del ejecutivo federal en materia de salubridad general por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVIS-19), publicado el 24 de marzo de 2020.

Incumplimiento en especificaciones de dieta hospitalaria

En Baja California cuatro de cada diez pobladores de escasos recursos se atienden a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El Hospital Materno Infantil en Mexicali, el Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito son tres de los principales centros que atienden a esta población. Tan solo en 2020, un promedio de 30 mil pacientes llegaron a estos pasillos.

En estas salas se realizan partos, pero también se atienden, principalmente, a pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades renales, hepáticas o cardiacas. Una dieta adecuada es clave en sus tratamientos.

“La alimentación es  una necesidad primaria, toda vez que representa un factor importante para la recuperación de la salud de los pacientes, a quienes se les debe brindar una dieta adecuada”, así se asentó en el contrato firmado por Jorge Luis Bribiesca Alcolea y por el que obtuvo ganancias de más de nueve millones de pesos en tan solo un año.

El documento también describe los tipos de dieta que se tenían que elaborar, todo acorde a la patología de cada paciente atendido en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito. Además, Bribiesca se comprometió a proporcionar alimentos que cumplieran con las características de una dieta completa a los becarios y personal que, de acuerdo con su jornada laboral, así lo requiriera.

Lo que viene asentado en el convenio al parecer no está acorde con la realidad de los hospitales. Durante un recorrido realizado en los tres centros de salud que son atendidos por Brava Gastroindustria,  tanto pacientes como personal médico calificaron los alimentos como de mala calidad, insuficientes e inadecuados.

El personal médico del hospital de Tecate aseguró que el proveedor incumple con la entrega de dieta especial para pacientes delicados, por lo que se han visto en la necesidad de hacer reclamos por el mal servicio.“Pido una dieta hiposódica, una dieta blanda y me llevan huevos con jamón, no corresponden las dietas a lo que el paciente requiere”, dijo un médico que solicitó anonimato.

Varios doctores e internos afirmaron que el menú que otorga la empresa de Bribiesca es insuficiente, poco variado e incluso algunos miembros del staff se han enfermado por consumirlo. La dieta del personal de salud consta, por lo general, de huevos y frijoles para el desayuno; birria o pollo acompañado de arroz y frijoles para la comida; y avena, quesadillas o sándwich para la cena.

Además, sostuvieron que el proveedor no complementa la dieta con fruta y las bebidas que ofrece no son de frutas naturales, sino elaboradas con saborizantes artificiales, lo que incumple el manifiesto de cumplimiento de la Ley General de Salud, normas oficiales y conocimiento del servicio, firmado por el mismo José Luis Bribiesca.

Brava Gastroindustria, empresa inexistente

En la exposición de motivos para favorecer a la empresa Brava Gastroindustria con un millonario convenio para la elaboración del menú en tres hospitales, Isesalud asentó la trayectoria de más de 12 años en el ramo de la gastronomía del proveedor.

Pero al buscar la fecha de su creación solo se encontró un aviso de funcionamiento expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y firmado por Brenda Arly Ávalos Campillo, esposa de José Luis Bribiesca.

Ahí se indica como fecha de inicio de operaciones de Brava Gastroindustria apenas el 13 de abril de 2016 y el Registro Federal de Contribuyentes con el que está enlistada es AACB8301251F3, el cual le pertenece a  Brenda Arly Ávalos y no a la empresa como tal.

En este documento se inscribió el domicilio de la empresa en Bulevar Lázaro Cárdenas 2012, de la colonia Plutarco Elías Calles, ubicación en donde opera la empresa Bimbo y en la cual los Bribiesca Ávalos ofrecían el servicio de expendio y suministro de alimentos.

Sin embargo, como empresa carece de un domicilio público, además de no contar con Registro Federal de Contribuyentes ni estar dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una búsqueda hecha en diferentes portales oficiales e información entregada por solicitudes de información.

Brava Gastroindustria tampoco está en el padrón de proveedores de Isesalud ni en el de la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California. Ante una solicitud de información vía transparencia, las autoridades de Isesalud se declararon incompetentes para proporcionar copia del alta de registro en el padrón de proveedores de José Luis Bribiesca Alcolea o su empresa.

Aunque en el registro expedido por Cofepris viene una supuesta dirección, en los contratos que Brava Gastroindustria obtuvo durante el 2019 y 2020 con el gobierno de Baja California, este dato es diferente: Avenida Retorno Anáhuac, número 992, Colonia Jardines del Lago, C.P. 21330, en la ciudad de Mexicali, Baja California, ahí deberían encontrarse sus oficinas.

Pero este  domicilio corresponde a una vivienda en la que habitan la madre y el hermano  del joven político, Rodolfo Iván Bribiesca Alcolea. Durante una visita hecha a la casa, Rodolfo Iván aseguró que ahí  nunca ha operado negocio alguno, pero otorgó otro domicilio en el que se encontraba su hermano José Luis.

En la dirección proporcionada por Rodolfo Iván se encontró a Brenda Arly Ávalos, esposa de Bribiesca, y se le preguntó sobre la ubicación real del domicilio de la empresa, pero se negó a responder.

Para la firma de los contratos millonarios con el gobierno del estado se asentó el Registro Federal de Contribuyente BIAL-820719-HK5, el cual corresponde a José Luis Bribiesca Alcolea pero que es distinto al RFC registrado por Cofepris.

Corta carrera política y empresarial

José Luis Bribiesca Alcolea nació el 19 de julio de 1982 y, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, no ha concluido su preparación universitaria. Bribiesca, con matrícula No. 001/60151, solo cubrió 363 de un total de 381 créditos de la carrera de Administración de Empresas.

Su carrera como político comenzó en 2016, año en el que fue elegido como suplente del diputado electo Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California (PEBC), quien estuvo en este cargo de 2016 a 2019.

De acuerdo con lo asentado en el documento de Cofepris, en 2016 también comenzó su camino empresarial con la creación de Brava Gastroindustria y el 28 de marzo de 2019, aún siendo diputado suplente, su empresa obtuvo el contrato con número DAD-CONFED-ISESALUD-13/19, con el objetivo de brindar el servicio de alimentación para personas para el Hospital Materno Infantil de Mexicali, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019. Por ese primer convenio facturó un cobro de 4 millones 299 mil 914 pesos.

Proveedor y funcionario del gobierno de Bonilla

Con un contrato aún vigente como proveedor de servicios de Isesalud, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Bribiesca Alcolea asumió el puesto  de coordinador ejecutivo en Oficialía Mayor, cargo por el que percibió una remuneración de 24 mil 082 pesos.

En su declaración patrimonial de servidores públicos, presentada el 8 de febrero de 2020, además de su sueldo como funcionario, Bribiesca reportó un ingreso mensual de 400 mil pesos por su negocio de comedores industriales. Pero no reportó ingresos de su cónyuge, aun cuando su esposa Brenda Arly Ávalos Campillo ingresó a laborar a Isesalud el 1 de enero de ese año.

Sin importar que Bribiesca ya tenía un cargo público en la administración estatal, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California y titular de Isesalud, autorizó la ampliación por tres meses más del contrato adjudicado a Bribiesca en 2019, manteniéndolo vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

No solo eso, el 14 de abril de 2020, en pleno periodo de pandemia, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a través de Isesalud asignó un nuevo convenio a José Luis Bribiesca Alcolea. De nuevo la adjudicación se entregó sin licitación y fue por un monto máximo de 8.4 millones de pesos sin IVA, en un periodo que comprendió del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020.

Además de seguir como proveedor de  alimentos del Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), Bribiesca logró ampliar sus servicios de alimentación al Hospital General de Playas de Rosarito (HGPR) y el Hospital General de Tecate (HGT).

En total, durante 2020 Bribiesca Alcolea facturó cobros a Isesalud por un total de 9 millones, 103 mil 963 pesos, IVA incluido, de acuerdo con la suma de las facturas obtenidas  vía transparencia.

A mediados de 2020, José Luis Bribiesca fue ascendido a Subsecretario de Administración de Oficialía Mayor (OM), y con esto su sueldo subió a 40 mil 962 pesos.

En su nuevo cargo tuvo la responsabilidad de asesorar a las unidades administrativas de la OM, “en la aplicación de la normatividad que regula los procesos administrativos, con oportunidad cuando se solicite, asegurando el apego a los lineamientos establecidos en la materia”, se lee en la descripción de ese cargo del que fue titular hasta octubre de 2020.

Contratos de Bribiesca, al margen de la Ley

Mediante un documento manifiesto, José Luis Bribiesca aceptó ser funcionario del gobierno estatal al momento de obtener su segundo contrato con Isesalud, pero esta confirmación no es suficiente para solventar el conflicto de interés, aseguran los especialistas. Incluso en algunos casos las irregularidades del proceso de contratación encuadran en delitos penales, explicó Humberto Zurita López, consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California.

“Puede existir conflicto de interés y tráfico de influencias, incluyendo asociación delictuosa o coalición de servidores públicos, faltas administrativas que se pueden convertir en delitos de corrupción que maneja el Código Penal”, expuso.

Además, el consejero ciudadano consideró que, con todo y contingencia de salud, no existe justificación para asignar el servicio de alimentación a hospitales a una empresa de un servidor público y sin licitar. “La contingencia no excluye el cumplir con la Ley ni justifica incumplirla”.

Otra irregularidad observada por Zurita López fue la invitación enviada a proveedores en un día inhábil, acto administrativo que debió acreditarse y justificarse en el contrato, pero no se localizó en el documento.

Como servidor público, José Luis Bribiesca Alcolea debió separarse de su empresa o no continuar como proveedor de Isesalud. “Eso sería lo ético”, subrayó Vicente Sánchez Munguía, Investigador del departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Sánchez Munguía apuntó que los funcionarios que participaron en la asignación del contrato a Bribiesca, sí incurrieron en responsabilidad, al ser los encargados de aplicar y actuar conforme a la Ley, lo que podría hacerlos acreedores a sanciones de tipo administrativo. “Depende del daño o perjuicio, las sanciones irían desde la separación del cargo, y la amonestación, hasta la inhabilitación, pasando por multas reparatorias en el orden administrativo”.

Aunque Bribiesca Alcolea admitió ostentar un cargo como servidor público en la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California, y tener un contrato vigente “celebrado entre la empresa Brava Gastroindustria (de la cual soy propietario) y el Isesalud”, el joven político consideró en un manifiesto que “no existe conflicto de intereses para seguir prestando el servicio a ese instituto, en términos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Dicho apartado indica que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en obligaciones como:

“Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión”.

La Ley de Responsabilidades Administrativas, en su capítulo II, referente a principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, establece que éstos no deben utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

El hecho de que Bribiesca reconociera en un manifiesto ser funcionario de gobierno, no asegura que no contara con datos que los demás proveedores no tenían. “Como funcionario de primer nivel de Oficialia Mayor, José Luis Bribiesca Alcolea pudo contar con información privilegiada que pudo aprovechar para obtener el contrato múltiple de adjudicación directa [...] todavía se tiene que investigar”, aseguró Vicenta Espinosa Martínez, ex secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, al ser entrevistada el último día de su cargo, al que renunció para ir en busca de una candidatura en el proceso electoral local a realizarse este 2021.

La ahora ex funcionaria anotó que en este tipo de contratos se debe privilegiar la licitación, para que el proceso de adjudicación sea más transparente. “Y si no lo hicieron estamos hablando de una preferencia directa bien clara”, reiteró.

Vicenta Espinosa dijo que, de corroborarse que Bribiesca Alcolea utilizó su posición de funcionario para obtener un contrato múltiple de servicios, podría hacerse acreedor a sanciones que van desde una amonestación, inhabilitación y una suspensión, dependiendo del grado de la responsabilidad.

Además, adelantó que, a partir de abril, el contrato adjudicado a Bribiesca, al igual que todos los adjudicados durante la contingencia de salud derivada del COVID-19, van a ser objeto de auditorías especiales por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión será para verificar el uso correcto de los recursos públicos, particularmente del Insabi y comprobar que no que se abusó de la pandemia adquiriendo o adjudicando contratos de bienes y servicios que pudieron realizarse a través de un procedimiento normal y no bajo el amparo del decreto presentado por el Ejecutivo Federal el 27 de marzo.

Por su parte, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud y director general de Isesalud en Baja California, dijo desconocer el contrato múltiple que le fue otorgado a José Luis Bribiesca Alcolea, siendo funcionario de gobierno.“Al final de cuentas yo no contrato, no reviso proveedores, esa no es mi función directa, cada quien tiene su función en la Secretaría de Salud y ya me viera yo viendo un contrato de 6 mil proveedores que tenemos”, dijo Pérez Rico.

Sin embargo, se comprometió a revisar el caso para determinar si la adjudicación del contrato millonario fue o no regular. “Hay que revisarlo y sancionar a quien se tenga que sancionar, si hizo mal, si se contrató mal”, aseguró.

Ilustración portada: Carlos Mendoza Alemán

Ilustraciones 2 y 3 colaboró: Gabriela Guerrero

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.