¿Funcionará el combate al huachicol? La apuesta de López Obrador

TEXTO: GERARDO PÉREZ Y PÉREZ / FOTOS: CUARTOSCURO

I. Exordio. El 27 de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presento su “Plan de Seguridad contra el Robo de combustibles” a efecto de reducir, controlar y castigar el robo de hidrocarburos en México.

La puesta en práctica de este programa obedeció a que “el País está en una emergencia”, dijo el Ejecutivo federal, al asegurar que se roban en promedio 600 pipas diario, que tan sólo en 2017 supuso la pérdida de más de 60 mil millones de pesos. Parte fundamental de la estrategia, consistió en el despliegue de más de 4 mil efectivos en 58 instalaciones de distribución.

El Presidente detalló que las instalaciones que vigilarán los integrantes de las Fuerzas Armadas son 6 refinerías, 39 terminales de abastecimiento y 12 estaciones de bombeo. La táctica es parte del Plan Conjunto de Atención a las instalaciones de Pemex que el Gobierno federal arrancó el 20 de diciembre, donde participan 15 secretarías y entidades del Gobierno Federal: las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, Marina, de Hacienda y Crédito Público, Energía, Función Pública y la Defensa Nacional, junto a la Procuraduría General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

El colofón de esta medida es la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir como delito de prisión preventiva oficiosa, al robo de hidrocarburos, cuyo perjuicio económico a la nación, sólo entre los años 2009 al 2018 suma 247 mil 68 millones de pesos, de acuerdo a datos de la paraestatal entregados a la Cámara de Diputados, que equivale a llenar el tanque de gasolina de todos los vehículos que circulan en la Ciudad de México durante un año.

Además de las medidas anteriores, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, complemento este plan de seguridad con la intervención al sistema de monitoreo y control de los ductos de la petrolera, el cambio de personal, investigaciones ministeriales, así como el cuidado de las pipas y de las plantas por parte de la Fuerzas Armadas.

II. Implementación de medidas. Conforme al plan de acción trazado, se cerraron los ductos de Tuxpan-Azcapotzalco, que abastece de combustible al Valle de México; el de Tula-Toluca, que provee al Estado de México, así como el poliducto Salamanca- Guadalajara, que suministra el combustible al occidente del País.

Estas medidas provocaron desabasto de gasolina en la CDMX y en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco; también, pero en menor proporción, en el norte del País, sobre todo en Coahuila y Nuevo León.

Las molestias las sufrieron en principio los particulares quienes, no obstante las largas filas de autos en las gasolineras, han guardado un comportamiento ejemplar frente a las medidas implementadas. También se afectó a empresarios, comerciantes y agricultores de dichas entidades, quienes, si bien están de acuerdo con el programa para evitar el robo de hidrocarburos, no menos cierto es que la falta de combustible les ocasionó retrasos, dilaciones y perjuicios en sus actividades.

Marko Cortés, líder del PAN, atribuyó el desabasto a una equivocada estrategia para combatir el robo de combustible, por el cierre de los ductos de petróleo y su transporte por vía terrestre, acción claramente inoperante. El líder partidario dijo además que “el robo de combustible debe combatirse profesionalmente, de manera estratégica, efectiva y sin afectar a los ciudadanos, con el uso de tecnologías que detectan en tiempo real la pérdida de presión de un ducto en un punto determinado, con investigación e inteligencia policiaca que desactive de raíz las redes criminales del huachicol”.

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, cuestionó que el Plan Integral para Combatir el Robo de Hidrocarburos en Pemex presentado por el Ejecutivo, “no incluye sanciones a quienes comercializan la gasolina, diésel y gas que se roba de los ductos”.

Igualmente, Ávila aseguró que se debe tener una estrategia contra el mercado negro de la comercialización “que tiene que ver con la corrupción entre funcionarios de Petróleos Mexicanos y empresarios”.

Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro (MC),  de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez (PAN),  de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD) y de forma más discreta el de Querétaro, Francisco Domínguez Servín (PAN), reclamaron las medidas del Gobierno federal y por ello la Secretaria de Gobernación les convocó a una reunión junto a los secretarios de Energía, Rocío Nahle García y el de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño; como resultado, los ejecutivos de dichas entidades acordaron sumarse al combate del robo de gasolina.

En medio de la controversia desatada por el cierre de los ductos, la escasez de gasolinas y las presuntas pérdidas ocasionadas, se destaca el alto porcentaje de apoyo de la población a las medidas implementadas, según las encuestas de la consultora De las Heras (72%), El Financiero (89%), Reforma (63%) y Mitofsky ( 57%).

3. Una vieja sangría. El problema del robo de combustibles, por desgracia, no es nuevo, aunque la atención otorgada por el estado mexicano ha sido insuficiente. Todas las administraciones federales, desde el presidente Vicente Fox (2000), Felipe Calderón Hinojosa (2006) y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012) reconocieron la gravedad de este ilícito; sin embargo, las medidas adoptadas por aquellos no tuvieron la consistencia ni los alcances del programa lanzado por López Obrador al inicio de su administración.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988) no hay registro de estos ilícitos. En la administración de Ernesto Zedillo (1994) sólo hubo 155 tomas clandestinas en su último año de gobierno (2000), la mayoría en Hidalgo, Veracruz, Puebla y Guanajuato, donde prevalece la comisión de este delito, explicable por radicar en estas entidades las refinerías de México y tener su origen el sistema troncal de distribución a todo el País a través de oleoductos, gasoductos y poliductos.

Vicente Fox Quesada. En el sexenio del Presidente panista, entre el 1 de diciembre de 2000 y el 30 de noviembre de 2006, se registraron un total de 887 tomas clandestinas, y en su último año de administración (2006) hubo 191 perforaciones ilegales, mayoritariamente en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Para el guanajuatense, este problema fue una cuestión de orden “económico” y no  un atentado a la seguridad nacional, por ello encomendó su atención a las secretarías de Hacienda, de Energía, y a Pemex, a través del denominado “Programa de Acciones contra el mercado ilícito de combustibles” con medidas de control financiero y contable, tanto para el consumidor, como para los distribuidores.

Como fuentes de las actividades ilícitas, las autoridades identificaron las tomas clandestinas, robo a instalaciones de Pemex, e importación ilegal o contrabando de productos utilizados para adulterar combustibles distribuidos en estaciones de servicio y expendios clandestinos.

La paraestatal instrumentó operativos de vigilancia con el Ejército mexicano que redujeron hasta en 38% el número de tomas clandestinas a ductos que ya causaba un daño al erario de 16 mil millones de pesos al año, según Juan Bueno Torio, entonces director de Pemex Refinación.

En las investigaciones, se detectaron irregularidades en 26 estaciones de servicio en 8 estados; se detuvo a 269 vendedores clandestinos y se presentaron 156 denuncias.

Para prevenir este ilícito, se inició el monitoreo de consumo, venta y distribución de combustible y la regulación de los precursores químicos utilizados en su elaboración clandestina, el rastreo satelital de tiempos y movimientos de autotanques, la medición en línea de consumos en poliductos, despacho de combustibles en puntos de venta, e integración de una base de datos delimitada, además del programa de celaje y geoposicionamiento de autotanques, para dar seguimiento a la distribución  terrestre de combustibles.

La administración Fox aplicó un programa piloto de “marcado de combustibles”, con el uso de un trazador químico para determinar si la gasolina está o no adulterada; sin embargo, en 2004, por limitaciones técnicas no se implementó.

Entre los mecanismos instalados para evitar la comisión de este ilícito, se encuentra el llamado “Sistema SCADA” (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), un software para controlar y supervisar procesos industriales a distancia, colocado en el poliducto Salamanca-Guadalajara y en mil 100 kilómetros de la red troncal de ductos de la paraestatal.

Además, se instaló el control electrónico en las gasolineras para abatir las prácticas irregulares, como el uso de un mecanismo para consolidar la información de la venta, recibo y almacenamiento de productos en las estaciones de servicio, y en 2005 se pusieron en servicio 24 laboratorios móviles para verificar la calidad y cantidad de los combustibles comercializados en todas las estaciones del País y atender las reclamaciones de los clientes.

No obstante estas medidas, en 2006 se registraron 202 tomas clandestinas en ductos de refinados, 10 en oleoductos y 6 en gasoductos, para un total de 218 incidentes por los que se detuvieron a 413 personas.

La implantación del “Programa Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles” permitió a Pemex recuperar entre 2004 y 2006, 51 mil 900 barriles de gasolina y diésel, que representó un valor comercial de 15 mil 994 millones de pesos.

Felipe Calderón Hinojosa. En el sexenio de Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se mantuvo la idea de que el “robo de hidrocarburos” era un tema de “mercado” a pesar de que el ilícito creció cuatro veces más, pues de casi mil tomas clandestinas con Fox, en el sexenio del michoacano se registraron un total de 4 mil 701 tomas clandestinas.

La atención a esta problemática se inscribía en el “Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 2008-2012” publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2008, de aplicación obligatoria para dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas, Pemex.

Calderón mantuvo los esquemas operativos y contables usados para fiscalizar las actividades operativas en estaciones de servicio y operaciones de autotanques y estimuló la participación ciudadana con la “denuncia anónima”.

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¿Cómo detener el  saqueo a Pemex?

¿Qué tanto afectan a la gobernabilidad del País el ‘huachicoleo’?,   ¿es un indicio grave de que el Estado mexicano, es un estado fallido?

La eficacia de los métodos de vigilancia no se conoció pues en el “Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012” presentado por Juan José Suárez Coppel, entonces Director General de Pemex, nada se dijo, ni tampoco dato alguno sobre la existencia de tomas clandestinas, su número, ubicación y demás información necesaria para determinar cuál fue la atención prestada a este flagelo económico por parte del Gobierno federal.

Información escueta sobre estos ilícitos se contiene en el “Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes para el año terminado el 31 de diciembre de 2012” emitido por Pemex,  en cuyas páginas 18 y 20 se reconoce que Pemex es una compañía de petróleo y gas que está expuesta a riesgos de producción, equipo y transporte, así como de sabotaje, terrorismo y actos criminales…

La incidencia de este ilícito una parte del sexenio de Calderón, la señaló la Auditoría Superior de la Federación, en la “Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9M-07-0475 de la cuenta pública del año 2016 practicada a ‘Pemex Transformación Industrial, Distribución y Comercialización de Gasolinas” compulsa que revelo lo siguiente:

“Así mismo, de 2008 a 2014, el número de tomas clandestinas identificadas registró un incremento significativo de 1,049.3%, al pasar de 367 a 4,218. La región Pacífico fue la que reportó el mayor incremento en el número de tomas clandestinas identificadas (5,945.4%), en tanto que la región del Golfo fue la única que reportó una disminución en el número de tomas clandestinas (24.6%). Los costos de reparación de ductos en los años de referencia se incrementaron en 815.6%, y alcanzaron un costo acumulado en el periodo de 1,439,740.9 miles de pesos, lo que implicó una afectación en las finanzas del organismo.

“Los registros son contundentes; sin embargo, voluntarioso como es el michoacano, hasta el día de hoy ha negado los nulos resultados de su administración en cuanto al combate al ‘huachicoleo’”.

Lo cierto es que, en el último año de su sexenio, en un boletín de prensa del 14 de enero de 2012, la paraestatal reconoció: “El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la Red Nacional de Ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados”. ¿Así, o más claro?

Enrique Peña Nieto. En el gobierno iniciado el 1 de diciembre de 2012 y concluido el 30 de noviembre de 2018, el número de tomas clandestinas en México tuvo un registro récord de 41 mil 502, lo que en promedio arroja 19 tomas diarias durante cada uno de los 2 mil 190 días que abarca un sexenio de gobierno.

Al inicio de la administración ya se sabía que el trasiego ilegal de combustibles se originaba en las refinerías, plataformas, estaciones y terminales de la paraestatal, mediante el fraude con facturas o recibos apócrifos para la obtención ilícita de los hidrocarburos en los centros de distribución y, desde luego, con la perforación ilegal de los ductos, mayormente en Veracruz, Hidalgo, Puebla, con el llamado “Triángulo Rojo” ubicado en los municipios de Acajete, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Tepeaca y Palmar de Bravo, así como en Guanajuato y Tamaulipas, con la participación de la delincuencia organizada en estas actividades.

Así pues, más que un diagnóstico, urgían esquemas ejecutivos para resolver esta problemática; aparentemente así lo hizo Peña Nieto, a través de estrategias delineadas en el plan denominado “Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” donde se reconoció la gravedad de este problema, al que llamo “Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos” y se le considero un tema de “seguridad nacional”.

Además de a la SHCP y a Pemex, se convocó a participar a Sedena, la Secretaría de Marina, a la PGR, Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIE).

Las tareas de vigilancia de la paraestatal se confiaron a la “Subdirección de Salvaguardia Estratégica” que destacó como deficiencias operativas (1) una coordinación interinstitucional limitada; (2) restricciones del régimen jurídico; (3) sistemas de medición diferentes en cada empresa subsidiaria.

Las medidas tomadas consistieron en la reestructuración de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, se realizó una nueva división geográfica del territorio nacional para la adscripción de grupos operativos y se creó la “Escuela de Salvaguardia Estratégica” para formar, capacitar y adiestrar al personal a cargo.

Finalmente, se decretó la “Ley Federal para Prevenir los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016 que derogó al previsto por el artículo 368 quáter del Código Penal Federal, que establecía “sanciones para el manejo ilegal de combustibles” y en su lugar se tipificaron 13 nuevos delitos, donde se individualizan las conductas realizadas en relación con el apoderamiento del hidrocarburo, como para su ocultamiento, trasiego, transportación, compra, enajenación, comercialización, venta, cometidas en plataformas, instalaciones y terminales, tanto por empleados de la paraestatal, funcionarios públicos, concesionarios, permisionarios, distribuidores y demás, con penas casi tan altas (25 años) como en algunos homicidios calificados, lo cierto es que de poco o nada ha servido el aspecto disuasivo de estas figuras delictivas, entre otras razones, por la falta de resultados en la prevención e investigación de estos delitos por parte de la administración del Presidente Peña.

4. Frente al caos, ¿qué hacer? Los datos e informes contenidos en los informes de Pemex de 2006, 2012 y 2018, respecto al robo de hidrocarburos contienen hechos irrefutables: el incremento exponencial en la comisión del ilícito, según registros desde las administraciones de Zedillo (136), Fox (887), Calderón (4,701) y Peña (41,502) y la enorme sangría que este delito ha ocasionado en las finanzas nacionales.

¿Qué hacer para detener el saqueo –de adentro y de fuera– del que ha sido objeto la petrolera? ¿Hasta dónde podría escalar el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex, visto que su crecimiento ha sido exponencial? ¿Cuál sería el impacto financiero ocasionado por este ilícito? ¿Cuánto tiempo más podría permanecer afectada la operación de los ductos de la petrolera, tanto por la delincuencia organizada (Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato) como por los grupos delictivos regionales (Puebla, Guanajuato y Veracruz) que han emergido en torno a este ilícito? ¿Qué tanto afectan a la gobernabilidad del País todas estas actividades ilícitas que llamamos “huachicoleo”? ¿El huachicoleo, es un indicio grave de que el estado mexicano, es un estado fallido?

Frente a tal estado de cosas, el margen de maniobra del presidente López Obrador era estrecho y se imponía la necesidad de “hacer algo”, como en efecto lo hizo al lanzar el pasado 27 de diciembre, el “plan contra el huachicoleo”.

Citaba mi maestro Antonio Berchelmann Arizpe, en sus clases de Derecho Procesal Penal, una frase señera del sociólogo criminal italiano, Enrico Ferri, quien afirmaba que “la criminalidad ha seguido y sigue a la civilización, como la sombra al cuerpo”, para ilustrarnos sobre la evolución de las conductas antisociales a lo largo del tiempo y que frente a nuevos delitos deben de ser la ciencia, la técnica y el uso de la tecnología, los medios para enfrentar los ilícitos y a quienes los cometen.

Me vienen a la mente las enseñanzas de mi profesor universitario pues, ciertamente, la forma en que se atendió inicialmente esta contingencia, mediante el cierre de ductos y la aplicación estoica de un programa de control y vigilancia, parecen fórmulas necesarias –con las cuales la mayor parte de la población está de acuerdo– pero insuficientes para investigar y sancionar con apoyo de la ciencia y la tecnología este delito.

El despliegue  de  4 mil militares en los 18 mil kilómetros de la red de ductos, es sin duda insuficiente, tanto por la relación de un elemento por cada 4.5 kilómetros, como por la localización de las instalaciones, muchas veces en lugares poco accesibles; así, por más optimista que se quiera ser, no parece resultar un buen método preventivo, a pesar de acompañarlas de otras medidas, como el uso de drones, aviones y labores de vigilancia constantes.

5. Los esquemas de prevención. Parece que el Gobierno mexicano se enfrenta a un delito cuya complejidad no permite otra forma de solución que no sea el uso de la fuerza del estado, que al menos en otros ilícitos, como, por ejemplo, en el combate al narcotráfico, ya demostró su ineficacia.

Sí es posible desarrollar una metodología de prevención y de investigación del robo de hidrocarburos, a través de la adopción de esquemas técnicos, como la llamada “prevención situacional del delito” desarrollada por Ronald V. Clarke, profesor de la Escuela de Justicia Criminal de Rutgers University, The State University of New Jersey, quien sostiene que el delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espacio o en el tiempo, sino que existen lugares y períodos específicos donde el delito es más prevalente.

Para este autor, el delincuente toma decisiones sobre su comportamiento, basadas en un análisis de los daños y beneficios del acto delictivo. La estrategia consiste en un aumento de los daños y/o una reducción de los beneficios para disminuir las oportunidades y/o el atractivo del delito.

En lo que interesa, sólo señalaremos que las medidas de prevención “situacional” consisten sustancialmente en:

1. Aumentar el esfuerzo. Intentan hacer la comisión de un delito más difícil. Se puede conseguir por medio del entorpecimiento del objetivo, el control de accesos y de salidas, la desviación de trasgresores y/o el control de los facilitadores del delito.

En el caso de Pemex, como el robo y del trasiego de combustibles se comete en sus instalaciones (refinerías, plataformas, barcos, terminales, autotanques) y por sus empleados con el uso de facturas falsificadas, en estos casos, se debe controlar electrónicamente las fuentes de aprovisionamiento del combustible,  el ingreso y la salida de los choferes y los autotanques a su cargo, la cantidad del combustible con que se les dota, los recibos con que se amparan dichos consumos mediante el uso de tarjetas electrónicas para registrar estas operaciones.

2. Aumentar el riesgo. Estas técnicas intentan hacer la detección de un delito más probable. Se puede conseguir por medio del aumento del número de guardianes, la facilitación de la vigilancia natural, la reducción del anonimato, la utilización de los “gestores” de sitios y/o el refuerzo de la vigilancia formal.

Esta variable sugiere hacer más abierto el lugar donde las operaciones de aprovisionamiento de combustible se verifican, a través de una modificación del espacio físico donde tienen lugar o con el uso de técnicas de video vigilancia. Así, por ejemplo, sucede en los bancos donde se instalan cámaras de seguridad para supervisar las operaciones de las cajeras.

3. Disminuir las ganancias. Este método intenta reducir la rentabilidad (o expectativas) del delito, al ocultar objetivos, eliminar/retirar objetivos, identificar la propiedad, interrumpir/trastornar los mercados delictivos y/o eliminar beneficios.

El Robo de Hidrocarburos, es un delito consustancial a la industria petrolera mundial y lo mismo se cometen en México que en Nigeria, Ghana, Marruecos, Uganda, Mozambique, Tailandia, Azerbaiyán, Serbia, Turquía y la Unión Europea, en particular en el Reino Unido e Irlanda y, en conjunto, pérdidas por este ilícito alcanzan sumas de más de 200 mil millones de dólares por año.

Gran Bretaña, Irlanda, Serbia y Tailandia, eligieron como estrategia contra este delito los programas de autenticación o de marcado de combustible, con una técnica de “trazado molecular”, que consiste en la adición al combustible de una sustancia con los mismos componentes químicos de la gasolina, que una vez mezclados, son imposibles de ser separados y permiten generar una huella o indicio químico en el hidrocarburo, susceptible de ser identificado en cuanto a su origen o procedencia mediante un examen de cromatografía de gases o de espectro molecular para determinar, si en él se encuentran la “huella molecular” y, por tanto, se acredita como legítima su adquisición, o bien, de no encontrarse vestigios de la sustancia adicionada en el combustible en examen, presumir fundadamente su origen ilegal.

En el caso de Irlanda se trató de un fraude con el diésel subsidiado por el gobierno, al que los delincuentes le removían los marcadores y lo transportaban a las fronteras vecinas para ser vendido a un precio oficial y quedarse con la diferencia.

De igual manera, vendían diésel “genérico” como sí se tratará de un producto de marca, mediante la dilución o adulteración del combustible. El problema alcanzó enormes dimensiones, pues importaba casi el 30 por ciento del producto comercializado.

Algo similar sucedió en Serbia, cuando en 2013 la oficina de economía e impuestos registró el consumo de un millón 434 mil toneladas de diésel, al tiempo que encontró que solamente 902 mil toneladas habían sido vendidas por las compañías petroleras a través de los canales habituales de venta, esto dejó a los contrabandistas el manejo de aproximadamente el 37% del volumen consumido, con una evasión de impuestos por cerca de 246 millones 749 mil 850 dólares.

El Gobierno de Serbia determinó que dicha disparidad podría explicarse con la práctica de dos patrones ilícitos de comercio:

Pérdidas directas de ingresos. Aquí, el combustible era intencionalmente registrado en menor cantidad a la que se cargaba en las refinerías o estaciones de distribución, mediante la manipulación del equipo de medición o con la falsificación de las cartas de porte o envío del transporte; el combustible no registrado es entonces distraído en provecho del mercado negro.

Perdidas indirectas de ingresos. Causadas por el combustible que se adultera o se mezcla con otras sustancias vendidas a menor precio. Esta práctica es la más dañina, pues el uso de adulterantes degrada la calidad del combustible, lo que resulta en más baja eficiencia del energético, daños al medio ambiente, a los vehículos y equipos donde se usa.

La solución fue la “autenticación” a través del “marcado molecular” del diésel y la gasolina, lo que permitió que a tan sólo cinco meses de aplicación del programa, más de 930 millones de litros de combustible fueran etiquetados en cuanto a su procedencia, de manera tal que el Gobierno de Serbia tuvo evidencia significativa del éxito del programa, aun antes del uso de visitas de control y de la participación de policías en actividades de inspección, con un incremento en el volumen de ventas de 18% para el diésel y de 14% para la gasolina, además de un incremento en la recaudación de impuestos por este concepto de 39 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las formas de defraudación realizadas en Irlanda, mediante el aprovechamiento del combustible subsidiado, también se han cometido en México, como sucedió con el “Programa de Diesel Agropecuario” puesto en marcha en el año 2004 vigente hasta el año pasado, pues fue suspendido por el actual Gobierno federal. El esquema operativo del programa consistía en vender en dos pesos menos a los agricultores el combustible, pero contrario a los fines del programa, el energético terminó en los tanques de los transportistas o en los camiones de rutas urbanas.

En cuanto a los modos delictivos detectados en Serbia, o sea la venta de combustibles en cantidades superiores a las adquiridas por canales institucionales de venta por parte de los expendedores de gasolina, la pérdida directa de ingresos, por la manipulación en el registro del combustible entregado para su distribución y la pérdida indirecta de ingresos, como resultado de la adulteración del producto,  coinciden plenamente con los “modus operandi” con los que se comete este delito en México, así que las lecciones de Serbia en la atención de este ilícito, deben servir al Gobierno de la República.

Al lado de esta técnica de “marcado o trazado molecular”, implementada para identificar la propiedad del combustible y, por lo tanto, hacer más difícil su comisión, reducir las ganancias del delito y facilitar su investigación,  existe una fórmula paralela, consiste en “retirar el valor de uso” del energético, al modificar el proceso industrial de producción de gasolina, para producir combustible sin terminar, de manera tal que no se pueda aprovechar como gasolina para automóviles ni en otra actividad industrial y romper el esquema económico del delito, pues al no haber provecho o lucro en el producto robado, no hay estímulo para su comisión .

De esta suerte, los ductos de Pemex, sólo transportarían producto sin refinar del todo y la mezcla definitiva sería completada en las terminales de la empresa, antes de la entrega a sus consumidores finales, y ello permitiría una labor de prevención con los usuarios, quienes al saber que la adquisición en lugares o establecimientos distintos a las estaciones de gasolina, entraña un daño probable para sus automóviles si consumen gasolina sin terminar y lesionar su propio patrimonio.

Cabe mencionar que esta forma de prevención del delito era ya considerada desde hace tiempo por la petrolera como una manera eficiente de reducir la pérdida del energético, según advirtió el portal electrónico ´Dinero en Imagen’ bajo el encabezado “Pemex cambia transporte de gasolinas para evitar robos”, del 18 de febrero de 2015, sin fuente aparente. No obstante, casi cuatro años después nada se sabe sobre la aplicación de este esquema de prevención cuya utilidad, al menos en otras latitudes donde se ha implementado, resulta fuera de toda duda.

4. Reducir provocaciones. Se centran en reducir las provocaciones o disposiciones emocionales transitorias que estimulan la comisión del delito. Esto se puede conseguir al reducir frustraciones y estrés, evitar disputas, reducir la excitación emocional, neutralizar la presión del grupo de referencia y/o disuadir imitaciones.

En el caso concreto, para evitar repeticiones y sin lesionar el derecho a la información, se debe evitar hacer apología del delito, mostrar cómo y cuándo se realiza, lo lucrativo que resulta su comisión, divulgar los detalles en el modo de operar, y cuando ya se cometió el delito, reparar rápidamente los daños ocasionados a las instalaciones donde éste ha tenido lugar.

5. Eliminar excusas. Al clarificar las normas de conducta, incrementar los sentimientos de culpabilidad del infractor o facilitar la elección de opciones no delictivas. Esto se consigue al establecer reglas, fijar instrucciones, realizar cacheos y revisiones, alertar la conciencia, asistir la conformidad y/o controlar las drogas y el alcohol.

Estos esquemas pretenden influir en el ánimo de los posibles infractores, con el establecimiento de procedimientos y manuales de organización, perfiles de puestos y sanciones para el caso de la comisión de una infracción; es decir, precisar a quienes forman parte de una organización o de una empresa, sobre lo que pueden y no pueden hacer; cuál es la conducta esperada y, en su caso, las sanciones que se aplican si violan las reglas explicitadas y sancionadas en toda la entidad.

Junto al esquema de “prevención situacional” también se ha aplicado el llamado “Modelo Colombiano” implementado por Colombia en 2013 luego de más de una década (1999-2009) en que las pérdidas por este delito alcanzaron en el 2002, un promedio de 7 mil 270 barriles de combustible, equivalentes a 1.15 millones de litros por día.

En este caso, el robo de gasolina comenzó por la producción de cocaína, que utiliza productos del petróleo como insumo. Para producir un kilo de cocaína se necesita, además de 100 kilos de hoja de coca y otros ingredientes, casi 40 litros de gasolina o diésel. El combustible se utiliza para absorber los alcaloides que liberan las hojas de coca con la ayuda de una mezcla de carbonato de sodio, carbonato de calcio y ácido sulfúrico.

El gobierno colombiano implemento una estrategia conjunta con la integración de acciones policiacas, judiciales, legales, tecnológicas, operativas y sociales, al tiempo que incremento medidas de seguridad y vigilancia por parte de la Policía y las fuerzas militares y procedió a la creación de grupos interdisciplinarios dedicados única y exclusivamente al control del apoderamiento de hidrocarburos, donde se entrelazaban estructuras de apoyo (EDA) integradas con funcionarios de la Fiscalía, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN).

La “Unidades de Apoyo” tenían la responsabilidad de realizar investigaciones, judicializar delincuentes y propiciar el fortalecimiento de leyes y decretos. Simultáneamente, Ecopetrol desarrolló sistemas de detección de fugas, para identificar con precisión la localización de las perforaciones ilícitas y la cuantificación de los volúmenes hurtados.

De esa manera, en 10 años Colombia logró una disminución superior a 97% en el robo de combustibles. De los más de 7 mil barriles diarios que eran sustraídos en promedio en 2002, se pasó a 23 barriles por día en 2012. 

La estrategia colombiana fue presentada en México por el Ministro de Finanzas del país sudamericano, Mauricio Cárdenas, quien aseguró que “si México se lo propone, podrá hacerlo, pues sólo se necesita actuar de manera rápida y en conjunto, como lo hizo Colombia, bajo una estrategia que incluya el uso de la tecnología y que los ductos cuenten con infraestructura que dificulte el robo, experiencia que están compartiendo actualmente con el país a través de la petrolera Ecopetrol.

La recomendación fue recogida por Raúl Cervantes Ahumada, entonces procurador General de la República, quien al inicio de la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia,  Zona Sureste, asevero que “para frenar el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos, el Gobierno federal implementará el modelo colombiano y generará áreas regionales de inteligencia para combatir ese delito”.

A pesar de la promesa del más alto funcionario de la Procuración de Justicia Federal, todo quedo –otra vez– en “agua de borrajas”; es decir, nada sucedió, pues el modelo señalado jamás se puso en marcha, ni menos aún se constituyó un órgano donde se integrarán las labores de prevención, investigación, persecución y castigo en relación a este ilícito, que en el sexenio de Peña Nieto tenía cifras de comisión astronómicas (42 mil tomas clandestinas).

En este sentido, queda aún mucho por hacer y el presidente López Obrador, bien podría considerar la creación de un órgano técnico especializado en la atención de este delito, llámese “Unidad de Investigación Especializada”, “Subprocuraduría Especializada en Investigación de Robo de Hidrocarburo”, o como sea que se le designe, pero sin duda lo que resulta inaplazable es integrar las tareas de investigación en una instancia especializada, dedicada a estas tareas.

En un estudio elaborado por el doctor Ian M. Ralby, una de las más altas autoridades en esta materia, publicado en marzo de 2017 por el Consejo de Políticas del Atlántico, titulado “Con la corriente del robo de combustibles: implicaciones y próximos pasos” donde su autor (Atlantic Council Policy; “DownstreamOilTheft: Implications and Next Steps”) cita al Ministro francés de Energía (2010-2012) Eric Besson, quien al respecto señaló:

“Cuando fui Ministro de Energía, no estaba consciente de la extensión del problema. Para ser honesto, yo creía que era principalmente un problema de los países productores de petróleo, o al menos un problema de la periferia de Europa. Atender el problema del robo de petróleo, requerirá de una tremenda cantidad de voluntad política. Sin embargo, es imposible tener voluntad política, si los políticos ni siquiera saben que el problema existe”.

Las palabras de Besson son oportunas para juzgar cómo han atendido los Presidentes de México, la problemática del robo de combustibles, pues no obstante que la mayor parte de las medidas de prevención e investigación eran conocidas por las autoridades federales, lo cierto es que poco o nada se hizo sobre el particular y fue la indolencia, la abulia, la nota distintiva en relación a este problema.

A diferencia de sus antecesores, el presidente López Obrador, ha mostrado voluntad y decisión para la atención de esta problemática. Ojalá también considere los avances en las técnicas de prevención, investigación y persecución de este ilícito, que en muy diversas latitudes han demostrado su utilidad y que de manera sumaria hemos reseñado en este ejercicio, para que la investigación del robo de hidrocarburo se apoye en los métodos científicos, en la técnica y en la evidencia material y no constituya un mero fenómeno de fuerza, ocasión de un desplante políticamente útil, pero ineficaz en sus resultados. En la investigación de todos los delitos no hay tiempo que perder, pues como bien decía el criminalista francés Edmond Locard: “El tiempo que pasa, es la verdad que huye.”