En los últimos días hemos narrado en las páginas de VANGUARDIA los hechos ocurridos la madrugada del viernes 6 de mayo, cuando un comando de la corporación “Fuerza Coahuila” irrumpió violentamente en un inmueble habitado por el Director General de esta casa editora.

Los elementos policiales, al mando del secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez, acudieron al lugar para, según ha informado la propia dependencia, cumplir con una orden judicial librada para ordenar el desalojo del predio.

En un intento por neutralizar los señalamientos realizados a partir de la decisión de montar un operativo policial —como si los elementos de “Fuerza Coahuila” hubieran acudido a enfrentarse con miembros de un grupo criminal— la administración estatal ha dicho “que en ninguna de las constancias (del expediente judicial) obra el nombre del señor Armando Castilla como propietario del predio…”.

En efecto, la presunta orden judicial que las docenas de elementos de “Fuerza Coahuila” cumplimentaron el viernes anterior forma parte de un proceso enderezado en contra de Gustavo Antonio Lara Ramos, quien falleció el pasado mes de diciembre.

Si, como se afirma desde la oficina de Víctor Zamora Rodríguez, las autoridades involucradas en el “mega operativo” tenían muy claro en contra de quién se ejecutaba el procedimiento, entonces tendrían que reconocer que decidieron enviar docenas de policías, vehículos y maquinaria pesada para enfrentar ¡a un muerto!

Si el relato no fuera trágico sería cómico. El fallecimiento de Gustavo Lara es un hecho del que nadie en la administración estatal -comenzando por el responsable de la política interna- puede decirse ignorante: se trataba de un saltillense reconocido y reconocible cuya actividad cotidiana incluía la convivencia con altos funcionarios públicos.

Que la familia Castilla Galindo tenía en su posesión, desde hace décadas, la finca desalojada el viernes anterior también es un hecho público que el responsable de dirigir el cuerpo policial de élite decidió ignorar.

No había ni hay, detrás del hecho, ni siquiera la mínima sospecha de una actividad delictiva. Se trata de un asunto de carácter absolutamente civil. Una disputa entre particulares por la presunta existencia de una deuda no cubierta por alguien que, desafortunadamente, ya no puede ofrecer su versión de los hechos porque ha fallecido.

¿Por qué entonces el despliegue desproporcionado de policías? ¿Por qué la actuación en condiciones de clandestinidad? ¿Por qué el uso de los elementos de “Fuerza Coahuila” para “proteger” la actuación del funcionario judicial y los civiles que le acompañaron a realizar la diligencia?

No hace falta ser demasiado perspicaz para plantearse una respuesta: la Secretaría de Gobierno de Coahuila parece haber cedido a la tentación de revivir una perversa tradición de épocas que pensábamos idas: la del uso de las fuerzas policiales con fines políticos.