Luego de cerrar 2017 con alrededor de 700 adopciones, el DIF de Coahuila espera ya la liberación legal de hasta 10 niños y niñas para entregar a sus nuevas familias a más tardar en un mes y medio.

Yezka Garza, procuradora para los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila, informó que además hay una lista de 200 solicitudes en espera de lograr la adopción, de las cuales, el 40 por ciento corresponde a familias foráneas, de entidades vecinas, pero también de otras como el Estado de México y Quintana Roo. 

La funcionaria estatal abundó que están esperando que los jueces emitan sus sentencias correspondientes en cada caso en particular, a fin de que legalmente el o la menor de edad pueda ser entregada a su nuevo hogar.

“Vamos muy bien (en los procesos de adopción) estamos ya muy próximos y en espera de poder empatar las agendas del Gobernador y de la señora Marcela (…); ahorita tenemos aproximadamente entre 8 y 10 niños que estarán próximos a liberarse dentro de un mes, mes y medio”, dijo.

En ese periodo, explicó, se obtendría su liberación jurídica, una vez que cause ejecutoria la sentencia correspondiente.

Añadió que de esos niños por entregar, al menos de ocho ya terminaron sus convivencias en el mes de febrero.

“Pero seguimos recibiendo solicitudes, tenemos alrededor de 200 familias en lista de espera, de las que entre el 35 y 40 por ciento son familias foráneas que vienen de estados vecinos, incluso de entidades más alejadas”, informó Garza.

Añadió que los casos que han tenido de pérdida de patria potestad se debe a que los padres ya no regresan a reclamar a sus hijos y son abandonados en los albergues por más de 30 días.

“Una de las principales causales que nosotros utilizamos y que viene en la Ley de la Familia es el abandono de un niño o una niña en una institución pública o privada por más de 30 días”, señaló.

Garza explicó que ellos inician entonces una medida especial de protección donde se ven en la necesidad de separar al niño o la niña sin que los padres hagan la lucha por recuperar a sus hijos.

Aclaró que en Monclova y Saltillo, el usuario es más aguerrido y sí pelea jurídicamente la recuperación de sus vástagos.