CDMX.- La apertura de México a las energías renovables quedó congelada el 29 de abril con un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, afectando 28 plantas solares y eólicas que estaban listas para entrar en operación.

Sin argumentos técnicos, económicos y menos jurídicos y sin consultar a las compañías que ya tenías comprometidas inversiones directas en proyectos de energías renovables por más de 6 mil 400 millones de dólares el gobierno de Andrés Manuel López Obrador limita la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico del país.

Con este golpe la Comisión Federal de Electricidad (CFE) queda como jugador preponderante tras la publicación del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus Sars-CoV2 (COVID-19) emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Sin tomar en cuenta el impacto que dicho acuerdo tendría en el precio de la generación de electricidad por parte de CFE a cargo de Manuel Bartlett se suspende “de manera indefinida” todas las pruebas preoperativas de centrales eléctricas intermitentes, centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.

Y por si fuera poco, en caso de aquellas centrales que aún no han iniciado pruebas, también quedan suspendidas, lo anterior en voz de Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) la medida adoptada por el gobierno de la 4T no tiene ninguna lógica jurídica pues el Cenace carece de atribuciones para disponer un cambió de tal magnitud afectando las reglas del mercado eléctrico.

El decreto que usa como pretexto la baja en el consumo de energía debido a la pandemia deja libre el camino a la CFE para acaparar la demanda.

Esta medida le pega de manera negativa a 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 entidades federativas, afecta a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que ya estaban listas para arrancar. También afecta a 16 proyectos en construcción.

Se da prioridad a que por mes se emitan mensualmente 714 mil toneladas de dióxido de carbono y pone en riesgo 29 mil 517 empleos tan necesarios en esta época luego del “frenón económico” que causara la pandemia. (Con información de la Revista Proceso)